“La lucha contra estos delitos no pueden tener descanso en la sociedad ceutí, que tiene como pilar básico la convivencia”, ha manifestado el secretario general de los socialistas ceutíes tras conocer el texto
El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha aplaudido el lanzamiento por parte del Gobierno que preside Pedro Sánchez del Protocolo para combatir el discurso del odio en redes con el apoyo de la Fiscalía, la sociedad civil y las empresas del ámbito digital.
El Protocolo, según ha explicado el PSOE de Ceuta a través de un comunicado a la prensa, supone el primer gran acuerdo consensuado entre la Administración pública, organizaciones de la sociedad civil y empresas prestadoras de servicios de alojamiento de datos y contribuirá a reforzar la colaboración y cooperación en la lucha contra la erradicación del discurso de odio ilegal en línea en nuestro país, y “que en Ceuta, desgraciadamente, se ha erigido en protagonista en muchas ocasiones, en parte, gracias a los discursos propalado por la ultraderecha”, ha manifestado Hernández.
El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, ha citado Hernández, explica que quien articula el discurso sobre la base del insulto, la incitación al odio, la humillación o amenazas sistemáticas, no está intentando expresar ningún tipo de información válida para una sociedad democrática.
Es por ello que el secretario de los socialistas ceutíes entiende que la lucha contra los delitos de odio y discriminación en nuestra sociedad no puede tener descanso, “y menos en la sociedad ceutí, que tiene como pilar fundamental la convivencia”.
Las bases para la redacción del documento se inspiran en el Código de Conducta para la lucha contra la incitación ilegal al odio en Internet, firmado por la Comisión Europea y varias empresas prestadoras de servicios de alojamiento de datos, en 2016, y en la Recomendación de la UE 2018/334 de la Comisión Europea, de 1 de marzo de 2018, sobre medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea, y de la legislación estatal española en la materia.
Las actuaciones asociadas a la puesta en marcha de este protocolo se aplicarán sin menoscabo del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información recogidos en la Constitución Española.
