El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha denunciado “la artera maniobra del PP y de Ciudadanos para vetar 4.000 enmiendas presentadas por la oposición a los Presupuestos Generales del Estado para 2017, de las 6.000 que en total han recibido”. Lo que casi de seguro dejará sin posibilidad si quiera de debatir las enmiendas que desde el PSOE de Ceuta habían planteado para tratar de incrementar la inversión real recogida en esos presupuestos para Ceuta.

Para Hernández, “se trata de una muy grave artimaña con  la que PP y C’s pretenden impedir que prosperen relevantes enmiendas de otros grupos destinadas a políticas sociales, educación, infraestructuras, inversiones productivas, medio ambiente, cultura y sanidad, entre otros”.

La decisión de PP y C’s “no tiene precedentes en nuestra democracia y es un golpe a la autonomía y al debate parlamentario, pues rompe el modelo de debate presupuestario de los últimos 25 años”, ha asegurado el socialista ceutí. Hernández ha hecho hincapié en que “el PP no se había atrevido a hacerlo ni cuando tenía mayoría absoluta y lo ha hecho ahora con la connivencia activa de C’s, que decía que venía a regenerar la vida política”.

Según Hernández, “la intención del Partido Popular y Ciudadanos es incorporar a los Presupuestos Generales del Estado sus enmiendas, con las que ya agotan el crédito disponible, dejando así fuera a las del resto de grupos, y no calificar la enmienda relacionada con nuevos ingresos propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista”.

Sin embargo, el trasfondo es aún mayor, ya que “esto no afecta solamente a los presupuestos de este año”, sino que “el cambio en las reglas del juego hecho por PP y C’s sentará –de prosperar– un peligroso precedente y es que ya nunca podrán tramitarse enmiendas que superen el gasto previsto por el Gobierno, ni se podrá cambiar el Presupuesto”.

Por ello, el Grupo Socialista ha presentado un recurso ante la Mesa de la Comisión de Presupuestos que ha sido rechazado, por lo que recurrirá ante la Mesa del Congreso y, en caso de no atenderse, lo llevarán al Tribunal Constitucional.