El Pleno de la Asamblea ha aprobado este lunes con los únicos votos a favor del PP una propuesta del consejero de Turismo y Deportes, Emilio Carreira, para inyectar 800.000 euros a través de un expediente de suplemento de crédito para el Instituto Ceutí de Deportes (ICD) con el fin de hacer frente a parte de las 38 demandas que, según el PSOE, arrastra ese organismo autónomo "por devoluciones y reclamación de cantidades, intereses de demora y cosas".

Un total de 700.000 euros irán a cubrir sentencias perdidas y 100.000, a satisfacer intereses en un ente público en el que, según Carreira, ha habido que lidiar con dos grandes problemas: la ausencia de contrato de monitores y socorristas desde hace un lustro y la necesidad de buscar la forma de que toda la plantilla del Instituto haga algo "productivo" a cambio de sus sueldos.

Para el socialista Manuel Hernández ello solo demuestra la gran "bola" de ineficacia en la gestión del PP, que ha llevado al ICD a enfrentarse a unas reclamaciones totales que ni siquiera están cuantificadas pero que solo desde 'Arasti Barca', con 16 demandas, superan los 2,3 millones. El plan de Carreira pasa por acabar con es prestación sin contrato encargando su ejecución a Tragsa "hasta que abra el nuevo polideportivo".

El portavoz de Caballas, Mohamed Ali, ha destacado que "es imposible que el señor Carreira ponga orden el ICD, que está disuelto inicialmente desde hace años y con el que parece que no se sabe qué hacer". Con "carácter general", el localista ha advertido que "es un verdadero problema cómo afronta este Gobierno los litigios judiciales, que pleiteándolo todo multiplica los costes de dinero público". "Cambien de política, pacten o pleiteen según convenga y doten mejor a los Servicios Jurídicos de la Administración en vez de pagar minutas escandalosas a abogados externos", ha reclamado Ali.

Su homóloga del MDyC, Fatima Hamed, ha cargado contra la "mala gestión" que han encadenado todos los responsables de Deportes. "Esto sería inasumible en una empresa privada, que estaría cerrada y todos ustedes despedidos", ha comparado la localista. Tras ella, Varga (Ciudadanos) ha criticado la confección de un expediente que no detalla cuáles son las sentencias perdidas que se van a pagar ahora y que se ha negado "repetidamente", según ha denunciado antes de volver a avisar al Gobierno de que no puede destinar los remanentes de Tesorería "a lo que quiera" y qu deben ir por obligación legal a reducir deuda viva.

El consejero proponente ha dicho "compartir" la posición de Ali, ha despreciado la posición del PSOE, ha pedido al MDyC que "ayude" más a resolver los problemas en vez de limitarse a "comentarlos" y ha instado a Ciudadanos a permitir acuerdos extrajudiciales para evitar sobrecostes en intereses y costas. "Yo lo que estoy haciendo es lo que puedo con la Ley pero lo que no puedo hacer es dejar de pagar las sentencias", ha resumido sobre un tema "gordo".

"La punta del iceberg de la mala gestión"

"Esto es la punta del iceberg de la mala gestión del PP en las sociedades municipales", ha insistido Hernández en su segundo turno en el uso de la palabra, ronda que Ali ha aprovechado para volver a poner en la picota la situación de un ICD "que seguramente se empezó a disolver porque ahora no funcionaba y ahora estamos padeciendo las consecuencias de haber echado el freno de mano sin decir por qué".

Hamed ha aseverado que la del Movimiento está siendo una oposición "constructiva" y que "hasta les hemos señalado las facturas que creemos que 'Arasti Barca' pretendía cobrar sin razón". "Nosotros no creemos que Tragsa sea la solución", ha opinado la portavoz del MDyC, que ha comparado al Gobierno de Vivas con "el caballo de Atila".

Carreira ha terminado pidiendo a la oposición que dejen de mirar "hacia el pasado" buscando "culpables" y que ayuden a encontrar "soluciones" para después, en su caso, "hacer la crítica política".

El Pleno también ha aprobado ampliar en 30.000 euros la subvención presupuestada este ejercicio para la Agrupación Deportiva Ceuta, que ascendía a 175.000 euros, para cubrir los gastos en los que se ha incurrido en concepto de desplazamientos, arbitrajes, vigilancia, dietas, control de partidos, etcétera, en la fase de ascenso a Segunda División B.