El PP y el PSOE han aprobado definitivamente este jueves con sus votos y la oposición de Caballas la propuesta que la consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, ha elevado al Pleno para modificar parcialmente el Reglamento de Ingreso Mínimo de Inserción Social (IMIS) de la Ciudad. A partir de ahora el 'salario social' de la Administración local será complementario con otras ayudas hasta un máximo de el equivalente a “el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que anualmente se fije respecto de otras prestaciones económicas a que pudieran tener derecho”.
Hasta ahora dicho techo estaba fijado en “hasta el importe que corresponda percibir al beneficiario respecto de los recursos que disponga él o cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia, así como de las prestaciones económicas a que pudieran tener derecho”.
La cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) lo fija cada año el Gobierno central y este ejercicio ha quedado fijado en 645,30 euros al mes. Según Mohamed son "muchos" los ciudadanos que perciben mensualmente ayudas por un importe superior a esa cantidad.
Además, la modificación aprobada retoca el apartado tercero del artículo 17, relativo al cobro del IMIS, para que se devengue “a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de resolución de la concesión”.
La portavoz accidental de Caballas, Fatima Hamed, ha lamentado que Asuntos Sociales haya promovido cirugía ambulatoria para un asunto, el IMIS, que a su juicio no cubre a todos los que lo necesitan porque precisa de un cambio a fondo. La diputada también ha criticado que Servicios Sociales sea un departamento mal valorado por sus usuarios y que ello no conduzca al Ejecutivo local a mover ficha para evitarlo.
"¿No se han preguntado por qué pese a que dicen constantemente que aumentan las ayudas sociales el porcentaje de población por debajo del umbral de la pobreza sigue creciendo?", ha preguntado Hamed.
El PSOE intuye un proceso de "privatización"
Carracao, portavoz del PSOE, que ha apoyado la votación del punto concreto del Orden del Día, también ha derivado el debate hacia una evaluación general de los Servicios Sociales, que teme están en un proceso de "privatización" por parte del Gobierno de Juan Vivas.
La consejera ha desmentido tal extremo, ha recordado que los convenios con entidades sociales se están ampliando en su objeto social desde hace tiempo y ha insistido en que no es partidaria de quitar trabajadores sociales a otras áreas "que también los necesitan" para incorporarlos a sus oficinas.
