El Instituto Forense de Ceuta enfrenta una situación crítica: sin cámaras de congelación ni personal suficiente, los cuerpos permanecen en instalaciones sanitarias sin condiciones adecuadas. Se exige al Gobierno una intervención urgente
La escasez de medios técnicos y humanos en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta compromete la identificación de cadáveres y acelera enterramientos judiciales sin garantías. Una denuncia que ya había realizado la sección de Justicia del sindicato CCOO.
El MDyC se hace eco de la denuncia sindical sobre las carencias del Instituto de Medicina Legal y Forense (IML) de Ceuta, al que califican de estar “al límite” por la falta de recursos materiales. A la denuncia planteada por CCOO sobre la escasez de personal, los localistas suman ahora la ausencia de medios técnicos adecuados, especialmente de cámaras de congelación de cadáveres.
La formación, liderada al vicepresidenta segunda de la Asamblea de Ceuta, recuerda que en febrero ya advirtió de esta situación y que la insuficiencia de cámaras de enfriamiento, unida a la inexistencia de equipos de congelación, provoca “la imposibilidad de identificar a personas fallecidas, la aceleración de enterramientos judiciales o la permanencia prolongada de cuerpos en instalaciones sanitarias sin las condiciones adecuadas”.
Ante este escenario, los socios de Gobierno de Vivas presentaron en la Asamblea una propuesta para instar al Ministerio de Sanidad a dotar al IML de instalaciones conformes a la normativa de sanidad mortuoria. El acuerdo incluía también el traslado del equipamiento y la aparatología forense al Hospital Universitario de Ceuta.
“La plantilla está mermada, sobrecargada y saturada en un momento crítico en el que no paran de llegar cuerpos sin vida a nuestras costas como consecuencia del drama migratorio”, ha señalado la formación, que insiste en la necesidad de infraestructuras imprescindibles para una ciudad fronteriza y extrapeninsular.
El partido exige tanto al Ministerio de Justicia como al de Sanidad que atiendan de forma inmediata las carencias de recursos humanos y materiales del Instituto y que el Ejecutivo cumpla el acuerdo plenario alcanzado: “se trata de un ejercicio de responsabilidad en materia de salud pública”, recalcan.
