"No existe acto o instrucción del Ministerio del Interior que pueda ser recurrido ante la Sala a la que nos dirigimos", alega el Ministerio del Interior en respuesta al requerimiento de la Audiencia Nacional, que dio un plazo de 24 horas para que presentara el oficio sobre el retorno de menores que accedieron a Ceuta el pasado mayo desde Marruecos.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, en un escrito firmado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, al que ha tenido acceso Ceuta al Día, argumenta que no hubo una orden expresa, ni acto administrativo, tal solo “se limita poner de manifiesto”  el “ruego” a la Ciudad Autónoma que se proceda al retorno de los jóvenes aplicando el acuerdo con Marruecos de 2007 “respetando sus intereses y derechos” de los menores. “El escrito cuya copia se solicita se limita a poner de manifiesto que el Ministerio del Interior ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos”, dice textualmente la respuesta de Interior. En consecuencia, zanjan, “al no existir actividad administrativa impugnable por parte del ministerio del interior, procede la inadmisión del recurso”.

“Por otra parte — continúa la respuesta del secretario de Estado de Seguridad— debe concluirse que en realidad, el recurso ante la sala se interpone contra el acuerdo por el que se ordena el retorno de los menores, que no ha sido dictado por el Ministerio del Interior. Por ello, subsidiariamente, la sala de la audiencia nacional no sería competente para conocer del recurso. No se trata de un acto dictado por un ministro o secretario de Estado”.

La respuesta de Interior pasa la patata caliente a la Ciudad a la que indirectamente señala como única responsable pues es el Gobierno de Ceuta quien procedió a solicitar el retorno de los menores, atendiendo, eso sí, al “ruego” del Ministerio. 

El ministerio del Interior añade también que los acuerdos de retorno de los menores están siendo enjuiciados por un juzgado de lo contencioso administrativo de Ceuta por lo que la tramitación del presente recurso vulneraría la litispendencia. Además, añaden, el citado procedimiento del Juzgado de Ceuta se ha acordado como medida cautelar la suspensión del retorno de los menores, por lo que la medida cautelar en el presente proceso carece de sentido y eficacia.