El Ministerio del Interior sigue lavándose las manos con las expulsiones de menores a Marruecos que "rogó" iniciar el 10 de agosto y se ejecutaron entre el 13 y el 16 hasta que las paró la Justicia. Este viernes ha insistido ante la Audiencia Nacional en que "no es competente" en la tramitación y resolución de los expedientes relativos al retorno a Marruecos y reagrupación familiar de los menores que entraron en Ceuta de forma irregular en el pasado mes de mayo.

Si hubo "vulneraciones de derechos fundamentales", dice el departamento de Grande-Marlaska, "serán predicables de las actuaciones administrativas que pudieron llevarse a cabo por la Delegación del Gobierno en Ceuta o por la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta al amparo del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos", recoge el escrito firmado por el 'número dos' del ministro.

En el escrito del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, y al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio del Interior contesta al plazo de cinco días que le dio la Sala de lo Contencioso-Administrativo para presentar sus alegaciones con el expediente administrativo.

Este órgano judicial defendió su competencia para atender a esta cuestión, en paralelo al procedimiento abierto en un juzgado de Ceuta. De hecho, Interior ahora rebate la tesis de este último juzgado ceutí sobre que el acuerdo bilateral con Rabat de 2007 es "una declaración de intenciones" que "no constituye fuente de obligaciones internacionales, ni se rige por el derecho internacional".

Sostiene lo contrario, que dicho acuerdo con Marruecos "se corresponde a un verdadero Tratado Internacional", y que "así lo acredita el Consejo de Estado en su Dictamen 1361/2007 de 5 de julio1, así como los precedentes 1895/2005 y 319/2007, en el que se concluye que dicho acuerdo afecta a derechos fundamentales reconocidos en el Título I de la Constitución". Además, recuerda que se contó con "autorización del Congreso de los Diputados con fecha 18 de octubre de 2007".

El Ministerio del Interior recuerda, por otra parte, que su escrito de 10 de agosto dando respuesta a la comunicación de las autoridades locales sobre el interés del Ejecutivo ceutí "no es una instrucción", ya que es "independiente de las actuaciones administrativas que pudieron llevarse a cabo por la Delegación del Gobierno en Ceuta o por la Administración de la Ciudad Autónoma".

Dicho escrito de 10 de agosto de la Secretaría de Estado de Seguridad recogía que el procedimiento elegido era el del acuerdo con Rabat de 2007, atendiendo al interés superior del menor y a la situación excepcional que vivía Ceuta. Interior dice que contestaba a la petición cursada por la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo local, pero "en aras de la colaboración administrativa" y para "rogar" que se llevaran a cabo los retornos "con el fin último de garantizar la reunificación familiar".

Interior insiste en que informó a la Fiscalía y que fue Ceuta quien solicitó aplicar el acuerdo con Marruecos de 2007. Al ser además la administración local la competente en la tutela de menores, entiende que corresponde a los juzgados de la ciudad autónoma supervisar el procedimiento, y no a la Audiencia Nacional, por si se vulneraron derechos fundamentales.

Interior insiste en que "a fin de asegurar los derechos e intereses prevalentes de los menores --y "dada la novedad de la aplicación" del mecanismo de retorno concertado en el Acuerdo de 2007 entre España y Marruecos-- puso en conocimiento de los órganos correspondientes del Ministerio Fiscal las actuaciones realizadas por las "Administraciones territoriales competentes" para el retorno de los menores.

En concreto, detalla una primera comunicación que tuvo lugar el 12 de agosto en la que informó a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) que el retorno de menores a Marruecos se realizaría "buscando garantizar y respetar" los derechos "tras haber efectuado un análisis exhaustivo de sus circunstancias personales", asegurando que "en ningún caso" sería devuelto a Marruecos ningún menor vulnerable o con circunstancias personales o familiares que desaconsejen tal retorno.

En el escrito de este viernes, el Ministerio también hace referencia a "las comunicaciones de 13 de agosto", en las que se informó a la misma división de la Fiscalía sobre los listados de menores que iban a ser devueltos. Según precisa, dichos listados fueron "facilitados por la Delegación del Gobierno en Ceuta". Por último, en la lista entregada a la Audiencia Nacional se menciona un escrito de acuse de recibido desde la Secretaría Técnica de la FGE con fecha 13 de agosto en el que se informaba que la documentación facilitada sería remitida a la Fiscalía de Área de Ceuta.