Apagón informativo. Silenzio stampa. El Ministerio del Interior no tiene nada que decir sobre la situación de los 155 migrantes que el pasado viernes accedieron a Ceuta por Benzú en el primer salto en grupo del perímetro desde agosto de 2018, cuando devolvió a Marruecos en 24 horas a todos los que lo completaron con éxito salvo dos o tres menores. Tampoco sobre si ha iniciado los trámites ante el país vecino para hacer viable tal posibilidad ni por qué está aplicando el protocolo de solicitud de protección internacional 'en frontera' y no 'en territorio', como se había hecho siempre en esta ciudad hasta ahora. Ni si en el futuro se consolidará este como procedimiento de rutina.
Entre ambos hay una diferencia clara, los plazos de tramitación, que 'en territorio' son mucho más amplios y 'en frontera' se limitan a cuatro días para responder a la admisión a trámite, dos para presentar recursos y otros tantos para contestarlos, en su caso, definitivamente, salvo apelación a la Audiencia Nacional.
A falta de información oficial, cunden las hipótesis. "En general", sobre todo teniendo en cuenta los últimos antecedentes de Melilla, donde ya se ha aplicado hace tiempo el protocolo de petición de asilo 'en frontera', los agentes intervinientes en el proceso se inclinan por pensar que este, aunque nunca se hubiera usado aquí, es el que corresponde en casos de entrada "por puesto no habilitado" y no temen-auguran una deportación masiva.
Es el que toca porque, entre otros indicadores, el Consejo General de la Abogacía Española establece en sus protocolos desde hace más de dos años que tras un salto grupal en Ceuta o Melilla, "si se expresaran motivos indiciarios de ser el detenido un posible solicitante de protección internacional, se procederá a la implementación del procedimiento de recepción de su solicitud mediante la modalidad 'en frontera”.
Algunas fuentes remarcan, eso sí, que el Tratado de 1992 aplicado en agosto del año pasado dice sin más que "la solicitud de readmisión deberá ser presentada en los diez días posteriores a la entrada ilegal", no que tenga que materializarse en ese plazo. Es decir, la semana y media para hablar con el Reino alauita y los 4+2+2 días del procedimiento de protección internacional no son relojes que corran paralelos.
El primero se podría parar mientras avanza el segundo hasta sustanciar un expediente de devolución con "los documentos de identificación que se puedan haber diligenciado por los agentes y la constatación de las circunstancias de la detención, con reseña de los agentes de la Guardia Civil que practicaron la detención, los agentes de la Policía Nacional encargados del traslado a las dependencias policiales, horas y minutos de cada una de las actuaciones, y constatación de que la detención se ha operado debido a la práctica de una entrada en territorio español por puesto fronterizo no habilitado".
Preguntado por si ha gestionado la posible expulsión con carácter preventivo para aplicarla a quienes vean rechazadas su solicitudes de asilo, fuentes de Interior han dicho no tener contestación.
Según Interior ahora los esfuerzos se centran en dirimir cuántos de los 51 que en un primer momento dijeron ser menores de edad tienen efectivamente menos de 18 años, aunque adultos o no cualquiera puede ser peticionario de protección internacional
De momento, han referido, los esfuerzos se centran en dirimir cuántos de los 51 que en un primer momento dijeron ser menores de edad tienen efectivamente menos de 18 años (solo una prueba de 21 ha dado resultado positivo hasta ahora, aunque adultos o no cualquiera puede ser peticionario de protección internacional) y en realizar las entrevistas a los solicitantes, doce este domingo y previsión del mismo número para este lunes.
La vía 'en frontera' no solo lleva aparejadas plazos más breves, sino que también limita la base para admitir o no las peticiones al contenido de dichas entrevistas. Es importante porque "los migrantes de origen subsahariano no traen un relato tan articulado para ajustarse a los requerimientos españoles como otros colectivos de países más próximos, por lo que pueden exponer circunstancias familiares, económicas o de otra índole que para ellos son muy graves, pero que la Administración no estime", advierten fuentes con experiencia.
"En el plazo de instrucción en frontera (4 días), aparte de valorar la admisión a trámite se puede denegar directamente la solicitud", precisan, "en base a un examen preliminar del relato del solicitante: cuestiones que no guarden relación con motivos protección internacional, solicitudes manifiestamente infundadas o incoherentes, que la persona proceda de país considerado seguro o que concurran supuestos de exclusión/denegación".
Políticamente, el verano pasado el Gobierno central argumentó que la devolución exprés pretendía dejar claro que nadie podía entrar con violencia y quedarse en España. Mientras las Fuerzas de Seguridad indagan en la posible comisión el viernes en Benzú de delitos de atentado o daños (hace falta "señalar personas y hechos concretos con pruebas", no una imputación genérica como la que anuncia alguna asociación de guardias civiles para perdir cárcel para todos), todas las fuentes coinciden en que, esta vez sí, el Ministerio se esfuerza por no dejar ningún resquicio legal de duda sobre las posibilidades de defensa de los migrantes con independencia de cuál sea su destino final.
