Laia Ortiz y Joan Coscubiela han suscrito, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA y CHA, conocido como 'La Izquierda Plural', una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social instando al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy a "abordar la modificación de los convenios y acuerdos bilaterales entre España y Marruecos, así como de su legislación interna, para mejorar la situación de los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla".

Según ambos parlamentarios, el colectivo de trabajadores transfronterizos, "integrado por más de 4.000 trabajadores de Marruecos que vienen diariamente a trabajar por cuenta propia o ajena a Ceuta y Melilla", constituye "uno de los principales motores que con su actividad diaria contribuye al desarrollo de estas ciudades, tanto por la riqueza directa que generan con su trabajo como por la riqueza indirecta que generan a través del consumo de bienes".

A pesar de ello, Izquierda Plural denuncia que sufren "una discriminación laboral por el solo hecho de ser nacionales de un país no comunitario como Marruecos". "Entre estas discriminaciones", argumentan en su iniciativa Ortiz y Coscubiela, "podemos destacar principalmente: retención del IRPF a pesar de no tener derecho a presentar la declaración de renta, descuento del 24,75 % en sus nóminas en concepto de aplicación del Impuesto de la Renta a no Residentes, no tienen derecho a la prestación por desempleo a pesar de cotizar por ello, pagan desorbitadas tasas para la renovación de sus permisos, se les reduce el permiso de trabajo de cinco a un año y se les aplica con arbitrariedad la asistencia sanitaria, por poner algunos ejemplos".

La propuesta lamenta que el Real Decreto 557/2011 redujo a un año la vigencia de la autorización de trabajo cuando antes era de cinco años, "hecho que supone una merma en sus ingresos por la elevada cuantía de las tasas de tramitación" y critica que el Convenio de Doble Imposición (CDI) suscrito entre España y Marruecos "no contiene disposición específica sobre la tributación de los trabajadores transfronterizos, por lo que la normativa que se les aplica por los rendimientos obtenidos en España es la del Impuesto sobre la Renta de no Residentes cuyo tipo impositivo es del 24,75%".

"Sin embargo", compara, "los trabajadores fronterizos residentes en Francia y Portugal que pasan diariamente a España para realizar su trabajo solo están sometidos a imposición en el Estado que son residentes".

"Discriminación flagrante"

Respecto a la Seguridad Social para los transfronterizos de Ceuta y Melilla, la Proposición recuerda el Convenio General de Seguridad Social suscrito entre España y Marruecos en 1979, que entró en vigor en octubre de 1982, "reconoce que los trabajadores marroquíes tienen cobertura plena" en materia de maternidad, enfermedad común o profesional, incapacidad laboral transitoria y accidentes (sean o no de trabajo), invalidez provisional o permanente, asistencia social y servicios sociales".

"A pesar del reconocimiento", contrapone, "FECOMA-CCOO denuncia la aplicación arbitraria de este derecho, por lo que sumado a lo anteriormente expuesto, en relación a la fiscalidad aplicable a los fronterizos y los trámites administrativos que deben realizar, constituyen una discriminación flagrante de sus derechos y un agravio comparativo con el resto de trabajadores por el solo hecho de ser nacionales de un país no comunitario".