El Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ha abierto diligencias contra el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, a instancias de una denuncia de UGT,  por un posible delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por nombramientos “en fraude de Ley” de cinco viceconsejeros a los que el Gobierno, pese a las sentencias en contra, mantuvo en sus puestos cambiando solo la designación de sus cargos. Ante la denuncia de UGT, el juez instructor ha abierto una investigación que está todavía en sus primeros compases, a la espera de que el sindicato se reafirme en su querella y a la espera de que Fiscalía se pronuncie al respecto, según explican fuentes judiciales a Ceuta al Día.

La denuncia, explica a este diario el abogado demandante, Ramón Lladó, se ampliará próximamente, para aportar nuevos casos y nueva documentación para apuntalar una querella por la vía penal que se apoya en la contundente sentencia del Tribunal Supremo, que tachó de “fraude de ley” el carrusel de nombramientos cuyo cese ha esquivado el Gobierno recurriendo a cambiar la denominación del cargo que ostentaban. Hoy viceconsejero, mañana director general o incluso algunos creativos, como la figura del asesor delegado. "una tomadura d pelo a la Justicia", consideran desde UGT.

El caso arranca en 2012 con el nombramiento de cuatro viceconsejeros, anulados finalmente por la Justicia sin posibilidad de recurso, tras años de litigios. Finalmente, el Tribunal Supremo daba en noviembre del pasado año la razón al sindicato UGT y rechazaba el recurso del Gobierno de la Ciudad en el pleito abierto desde 2013 por el nombramiento de los viceconsejeros no electos. Aquella sentencia, que ha tenido reflejo en dictámenes posteriores anulando el nombramiento de los directores generales, agotaba el proceso contencioso-administrativo, pero abría a su vez la vía penal. Ya lo avisaba entonces el abogado demandante de UGT, Ramón Lladó, con la sentencia del Supremo en la mano al ser preguntado por una posible prevaricación en los nombramientos.: “Dice muy claramente que el nombramiento se hizo en fraude de ley y todos sabemos lo que eso significa”.

Un aviso que ha cristalizado en una nueva denuncia de UGT, admitida por el Juzgado de Instrucción número 2, dirigida directamente contra el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por los nombramientos “en fraude de ley” viceconsejera de Fomento, Carolina Pérez, la viceconsejera de Empleo, Adelaida Álvarez, el viceconsejero de Festejos, Salvador Jaramillo Rodríguez y del viceconsejero de Juventud , Deporte y Turismo, Manuel Coronado.  Todos los nombramientos llevados a cabo por decreto de Presidencia de “forma inaudita y temeraria”, insisten desde UGT. 

Todas y cada una de las denuncias acabaron en condena para la Ciudad, que terminó cesando a todos sus flamantes viceconsejeros, pero lo que parecía el cumplimiento de la sentencia, “tenía un lado oscuro”, advierte la parte demandante: los antes viceconsejeros fueron renombrados “subdirectores generales” para regatear la condena. Una decisión que el Supremo tacharía de “fraude de ley” y que terminó por decidir a UGT a cargar por la vía penal. Así lo explica en su denuncia: "Es con este acto lo que estima la parte denunciante que constituye el punto de inflexión que hace que el acto administrativo radicalmente nulo (nombramiento de subdirectores) derive definitivamente hacia el ámbito de la jurisdicción penal”. “Con esta acción del denunciado, al sindicato recurrente se le queda cara de pasmado, de absorto incluido el letrado denunciante, al sentirse totalmente estafado por tal artimaña o treta”, reconocen desde el sindicato en el texto de la querella en el que, de nuevo, impugnan “tal alta barbaridad”.

El sindicato lamenta además que el Gobierno se haya enzarzado en una pelea judicial que dura ya siete años recurriendo a la técnica del “recurre y aplaza”, logrando que quedaran en nada tres de las denuncias por falta de legitimidad del sindicato ante nombramientos de carácter político. Pero no ocurrió lo mismo con la cuarta y última sentencia, que por sorpresa anulaba el nombramiento de Adelaida Álvarez como viceconsejera de Empleo y esta vez sí “entraba en el fondo del asunto” considerando “ilegal e inconstitucional”  su designación al no ser un cargo electo, apoyándose para ello en una sentencia de 2013 del Tribunal Constitucional.

Pelea judicial que zanjó el Tribunal Supremo el 6 de noviembre de 2019, sentenciando que UGT si tiene legitimación activa para la denuncia de estos hechos y que el Ayuntamiento de la Ciudad de Ceuta, no puede nombrar miembros del gobierno que no ostenten la condición de concejal o diputado electo. Para UGT, lo relevante de esta última sentencia del Supremo no es si Ceuta es Comunidad Autónoma o Ayuntamiento: “Lo verdaderamente interesante a los efectos de la presente denuncia, es que la Sala de nuestro Tribunal más alto (…) es la calificación de fraude de ley que atribuye a la actuación de la Ciudad de Ceuta y a la vulneración de su derecho a la tutela judicial”. Llo que traducido por UGT supone que "los nombramientos de los subdirectores generales como viceconsejeros ha sido una tomadura de pelo al sindicato actor y una mofa a las sentencias dictadas por los tribunales de justicia españoles. (…) Si aparece un sindicato ‘moscocojonero’ (sic) que acude a los Tribunal es de Justicia y obtiene sentencia estimatoria, se le cambia el nombre al puesto mediante un nombramiento ficticio, y le sigue dando igual no ya solo si no es funcionario público, sino si es o deja de ser concejal electa para nombrarla viceconsejera". El sindicato pone como ejemplo el caso de Adelaida Álvarez: “Es una mera ficción, en realidad se puede afirmar que pudiera tratarse de una falsedad documental, dado que continuó en su puesto de subdirectora y destinada a las mismas funciones: el manejo de los planes de empleo y del resto de políticas activas del Ayuntamiento , entre otra la famosa colaboración social que tantas portadas de prensa ha dado .  Por tanto, para el denunciado le es igual que no sea concejal electa para su nombramiento como viceconsejera, lo interesante es que continua en "sus funciones" independientemente de lo que digan los Juzgados y Salas de los Tribunales de Justicia, y para ello de manera ficticia realiza tal nombramiento”. 

UGT insiste en su querella que esta manera de esquivar una y otra vez las sentencias “ha sido un fraude de ley” y,” no solo lo dice el denunciante , sino lo dice con toda claridad y rotundidad el  Tribunal Supremo” “Cuestión aparte , son los cientos y cientos de miles de euros salidos de las arcas del contribuyente, que han costado y siguen costando estos nombramientos”.