El diputado nacional por Ceuta durante los últimos años, Francisco Márquez, que el próximo 20 de diciembre no repite como candidato del PP, donde ha sido reemplazado por Juan Brano, es uno de los 222 congresistas que cobrarán la llamada 'indemnización de transición', que les permite percibir sus retribuciones íntegras entre la fecha de disolución de las Cortes y la de celebración de los nuevos comicios.

Según ha precisado este lunes 'eldiario.es', la indemnización, correspondiente a dos mensualidades íntegras, se abona "en un solo pago" y supone un mínimo de 7.367,74 euros brutos para los diputados por Madrid, y de 9.273,74 euros brutos para los del resto de las circunscripciones.

Además, los expresidentes de Comisión perciben otros 1.431 euros, y los exportavoces como es el caso de Márquez, que lo fue del PP en la de Interior durante los últimos meses, 1.046 euros.

Solamente 25 de los 247 diputados que ya han perdido el escaño (no afecta a los que forman parte de la Diputación Permanente, el máximo órgano en periodos inhábiles, quienes no causan baja) han renunciado a ese derecho.

En el caso de la Cámara Alta, según ha informado Europa Press, un total de 181 senadores (Luz Elena Sanín y José Luis Sastre lo han sido hasta ahora, aunque ninguno repite tampoco como candidato del PP de Ceuta) ha pedido cobrar la indemnización de 8.345,16 euros (154,54 al día desde el 27 de octubre) a la que tienen derecho si lo reclaman al dejar de ser parlamentarios por la disolución de las Cortes. Solo siete no lo han solicitado. Otros 77 siguen cobrando su nómina habitual porque son miembros de la Diputación Permanente, bien como titulares o como suplentes, aunque no tenga actividad.

En todos los casos la indemnización es incompatible con cualquier otra retribución con cargo a un presupuesto público, ni de institución, ente, organismo o empresa dependiente de una administración, y tampoco se puede cobrar si se tiene un sueldo privado, salvo los que son compatibles con la actividad parlamentaria.

Los diputados y senadores que no resulten elegidos tras las elecciones generales y que tengan que abandonar definitivamente la Cámara tienen derecho a otra indemnización equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional (igual para todos, 2.813,87 euros) por cada año de mandato parlamentario o fracción superior a seis meses y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades.