El Partido Popular ha votado en contra de la propuesta de Caballas de suprimir la tasa de basura para favorecer así el poder adquisitivo de los que menos poder económico tienen en Ceuta. Y lo ha hecho por considerarla una propuesta basada en la “demagogia barata”, en palabras de Márquez, que ha tildado a Aróstegui de “Robin Hood” para señalarle que su discurso está anclado en el pasado.

La propuesta que ha defendido el concejal, Juan Luis Aróstegui, perseguía dar un respiro a las economías familiares más modestas de Ceuta mediante la supresión de la tasa de basura. El debate ha servido para poner encima de la mesa unos cuántos números:

El Gobierno de la Ciudad se gasta en la recogida de basuras unos 15 millones de euros al año y los ceutíes aportan a la cobertura de ese servicio a través de la tasa 1,4 millones de euros. Márquez ha defendido el escaso montante que supone la tasa paras las economías domésticas, una media de 4,5 euros por hogar al mes. Y las medidas en forma de bonificaciones que ya existen para aliviar el pago a quienes más dificultades puedan tener, esto es, los pensionistas y las familias numerosas que disfrutan de una bonificación del 50 por ciento de la tasa que les corresponda. Del mismo modo, el consejero de Hacienda ha defendido que la tasa ya se paga de forma progresiva y al igual que otros impuestos es mayor la cuantía en los hogares del centro que en los de la periferia.

Aróstegui ha defendido el alivio de esos 4,5 euros al mes para las economías más modestas. “Ustedes creen que reducir 70 u 80 euros a una familia no es nada porque viven en otro nivel, pero para muchas familias que viven ahogadas ese dinero es importante”, la ha espetado Aróstegui al consejero antes de que éste aportara el dato de la cuota media en Ceuta y la comparara con la de Espona que llega a los diez euros. “Usted cree que 4,5 euros al mes no es nada. Y yo lo entiendo. Pero 4,5 euros al mes para muchas familias es dinero, porque no todos viven como nosotros. Hay muchas familias que tienen otro baremo de gasto”, le ha insistido Aróstegui a Márquez.

“Su propuesta persigue, como diría usted, matar moscas a cañonazos. Que nadie pague es un argumento poco razonable para tratar de favorecer a las economías más modestas”, se ha defendido Márquez.

Aróstegui ha defendido compensar la bajada en la recaudación por la supresión de la tasa de basura, esos 1,4 millones de euros que dejaría de ingresar la Ciudad con la eliminación de algunos otros conceptos del presupuesto que entiende como innecesarios. Y ha puesto tres ejemplos, “aunque la lista sería más larga”.

Y ha citado los 400.000 euros que la Ciudad Autónoma entrega por convenio a los agentes de aduanas “por hacer su trabajo”; los 600.000 euros que se lleva la escuela de equitación o el montante superior que supone a las arcas públicas el gasto en los sueldos de los 70 cargos políticos que tiene contratados el Gobierno.

Aróstegui ha defendido la medida como “justa desde el punto de vista social e irrelevante en el gasto” y se ha permitido utilizar argumentos de la línea ideológica del propio PP. “Son ustedes los que defienden que la bajada de impuestos contribuye a dinamizar la economía”, ha dicho Aróstegui.

“Los servicios públicos hay que pagarlos”, se ha defendido Márquez. “Lo de todo gratis no se lo cree nadie”, ha rematado. El consejero ha acusado a Aróstegui de defender una propuesta que “no es razonable” y de usar un “discurso de manual” y abanderar la “dicotomía entre ricos y probres”. “¿Cree que eliminando esta tasa ayuda a la eliminación de la dicotomía entre ricos y pobres? No se lo cree. Estoy seguro que cree que su propuesta no es razonable”, ha respondido Márquez a Aróstegui.

En el debate ha mediado el portavoz de los socialistas, José Antonio Carracao, que aún no compartiendo la eliminación de la tasa, “yo quiero seguir pagándola”, ha dicho, ha apostado por establecer nuevos mecanismos que permitan a los más necesitados dejar de pagarla, en concreto ha apostado por dejar exentos de la tasa de basura a quienes pudieran demostrar una situación económica precaria y ha fijado en dos colectivos su enmienda: los perceptores del Ingreso Mínimo de Inserción Social (IMIS) y aquellos hogares que pudieran demostrar que tienen a todos sus miembros en paro.

Tampoco ha habido suerte, para esta enmienda, Caballas se ha abstenido, al entender que choca con lo esgrimido por el Gobierno en otras ocasiones la imposibilidad administrativa de articular el mecanismo para la comprobación de esas circunstancias y ha recibido el voto en contra del Gobierno, que no ha invertido ni un segundo en razonarlo.