La polémica venta frustrada de una parcela en Huerta Molino continúa generando suspicacias, acusaciones veladas de la oposición al Gobierno y rifi-rafes en los Plenos. El último enfrentamiento lo han protagonizado este lunes el diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui y el consejero de Hacienda, Guillermo Martínez. Caballas volvió a la carga con el asunto y preguntó en qué punto se encuentra el expediente y porqué aún no se ha resuelto. La respuesta de Martínez ha sido que todo está pendiente ahora de que se resuelvan las alegaciones contra un decreto de resolución firmado por él mismo que ha presentado la empresa Edificios Clásicos, propiedad del presidente de la Cámara de Comercio, Karim Prim.

El Ejecutivo sacó a la venta una parcela en Huerta Molino que fue adjudicada a la mencionada empresa por 3 millones de euros. La adjudicataria no compareció en el acto de la firma ni abonó el pago de la misma. El Ejecutivo, aún con Márquez en Hacienda, resolvió concedió una prórroga para el pago que fue considerada como ilegal. Caballas llevó el asunto al Pleno y entonces, ya con Martínez a las riendas de Contratación el Gobierno se comprometió a hacer cumplir la Ley. En este caso concreto y ante los dos incumplimientos por parte del comprador lo que procede es la recuperación de la parcela, que iría acompañada además de la pérdida por parte de la empresa de la fianza puesta para la compra y el pago de una indemnización del 25 por ciento del valor de la parcela, esto es un millón de euros en total.

Y con ese fin, firmó Martínez un decreto después de hacer público su compromiso en el Pleno, pero “como no estamos en una república bananera”, según ha explicado Martínez el lunes, la empresa tiene derecho a defenderse y ha presentado alegaciones. Alegaciones aún no resueltas y que están a la espera de que los técnicos resuelvan los argumentos de tipo urbanístico que esgrime Edificios Clásicos.

Aún así, según desveló Martínez, todo parece indicar que el Ejecutivo no va a dar marcha atrás en sus intenciones. El propio responsable de Economía y Hacienda desveló ayer en el Pleno que en su opinión y en la de los jurídicos del Ayuntamiento la principal alegación no tiene cabida. Edificios Clásicos sostiene, al igual que ha venido defendiendo Caballas en los Plenos que es precisamente a ese órgano al que compete finalizar los expedientes de adjudicaciones de gran cuantía –como la de Huerta Molino-. Así el adjudicatario defiende que el Ejecutivo quiso saltarse ese paso en el proceso de adjudicación y en eso basa su impago y su no comparecencia en la firma de compra venta. “En mi opinión son absolutamente infundadas”, ha llegado a espetar Martínez sobre las alegaciones presentadas por Edificios Clásicos.

Las alegaciones de carácter urbanístico están siendo estudiadas por un arquitecto de la casa que emitirá un informe concluyente, “que llegará a las conclusiones que tenga que legar y se notificará” a la empresa la decisión final.

Parece difícil que ese informe concluya algo que no sea la devolución de la parcela a la titularidad pública, la incautación de las garantías a la empresa y la multa de un 25 por ciento sobre el precio (750.000 euros). Y es que, tal y como ha recordado Aróstegui en su defensa, la empresa acusó al Gobierno de “manipular el precio de adjudicación de la parcela, lo que sería prevaricación”.

El diputado de Caballas ha instado durante su interpelación al Gobierno a ser especialmente transparente con el asunto y resolutivo. Al precedente de la prórroga ilegal concedida a la empresa para realizar el pago, que indignó incluso a círculos empresariales que no han gozado del mismo favor, sumó el diputado localista lo que para él supone una “doble vara de medir”, al recordar que se han dado casos en los que la administración ha sancionado con celeridad cortando el agua a particulares que debían tan sólo 60 euros. “Es un expediente antipático”, ha calificado Aróstegui.

“Corre el rumor de que el Gobierno aupó a la presidencia de la cámara a este empresario y ahí empezó una relación estrecha con el Gobierno. Deberían por este motivo ser escrupulosos en este expediente y dejar claro que no hay trato de favor. Pero en lugar de rescindir el contrato tal y como marca la Ley se le dio una prórroga (que luego fue ilegal) y se perdió el expediente hasta que vino a Pleno y dijeron: ‘se cumplirá la Ley’. Pero todavía no. Le hacen un flaco favor a la gestión pública, a la institución y hasta a la clase política. Parece que tuvieran dos varas de medir una para las personas humildes y otra para los poderosos”, ha argumentado Aróstegui.

En su segundo turno, Aróstegui además esgrimió correos electrónicos que obran en el expediente y que llevan por fecha el 13 de diciembre, cuando ya había pasado el asunto por primera vez por el Pleno. En esos correos, otra oficina de la administración local pregunta a Emvicesa si la parcela a pasado ya a dominio público con el fin de actualizar el inventario de bienes de la Ciudad Autónoma. Desde Emvicesa, su gerente contesta que el expediente se encuentra a falta de una respuesta escrita a una pregunta realizada al propio Martínez el día 12 de noviembre y sobre la que, según el correo electrónico, se le ha insistido de forma telefónica sin que haya llegado a producirse. “Por eso digo yo que el expediente es antipático. Si Caballas no llega a traer esto a Pleno ¿cuánto más dura el expediente dando vueltas por los despachos?”, ha preguntado Aróstegui a Martínez.

El consejero muy enfadado ha instado al diputado localista a acudir a comisaría con él a denunciarle si lo que estaba insinuando era que “no cojo el teléfono porque tengo un interés oculto. Emvicesa es menor de edad en este asunto y me es indiferente lo que ponga o no en un correo electrónico”.