El consejero de Economía, Hacienda y Recursos Humanos del Gobierno de Ceuta, Guillermo Martínez, instó formalmente el pasado viernes a la Intervención General de la Ciudad Autónoma que coordine una revisión de todos los contratos de larga duración que han vencido durante los últimos doce meses, según han explicado este viernes fuentes del Ejecutivo ceutí.

Entre ellos se cuentan el de limpieza pública viaria que hasta el pasado mes de febrero gestionaba Urbaser, cuya estructura de pagos unitarios ha disparado la factura final de amortización de maquinaria hasta completar un exceso de entre 7,5 y 12,5 millones de euros, según las cifras manejadas en público durante los últimos días por la coalición Caballas y el primer dictamen técnico elaborado por el asesor contable Federico Cuenca.

En ese perfil encaja también el de suministro, instalación y mantenimiento del lavado de contenedores y papeleras del que era concesionaria Contenur, mucho menos voluminoso y que ha sido refundido con el anterior en la adjudicación que ahora gestiona Trace, relación que el portavoz localista, Mohamed Ali, ha pedido que se fiscalice para "alejar de intereses espúreos la aclaración de cuanto atañe al dinero de todos los ceutíes".

El también portavoz del Ejecutivo local tiene la intención de convocar a la oposición este jueves en una reunión extraordinaria de la Comisión Especial de Cuentas para informar a los grupos tanto del primer informe (redactado a instancias del Gobierno, según los de Vivas; a iniciativa propia, a ojos del PSOE) como del solicitado posteriormente para determinar si su criterio de contabilización de los pagos efectuados en concepto de maquinaria es o no correcto.

Martínez anunció el viernes que la Ciudad Autónoma reunirá en un solo proceso administrativo todos los flecos que atañen a la liquidación del contrato con Urbaser, desde los desembolsos de amortización de vehículos hasta las reclamaciones judiciales que, por un montante de unos 15 millones de euros, ha interpuesto la empresa contra la Administración local.

Funciones de Intervención

La Intervención tiene encomendada la función de control interno respecto de la gestión económica de la Administración, tanto en lo que se refiere a la fiscalización del gasto como al control financiero de los expedientes tramitados por las Áreas y Organismos Autónomos.

Dicho control tiene legalmente por objeto "informar acerca de la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos".

Además de informar en todos los expedientes que produzcan derechos u obligaciones de carácter económico para la entidad, el Servicio de Intervención emite anualmente otros informes de especial relevancia, como son, el informe a la liquidación del Presupuesto del año anterior, el Informe al Presupuesto del año siguiente, que se aprobará en Pleno, o la redacción de la Cuenta General de la Corporación.

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