El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) considera un “despropósito” el hecho de que este Ejecutivo gestione con un “pasotismo extraordinario” los plazos en cuanto al abono de determinadas facturas “y que causa, siempre, un perjuicio de las arcas públicas, es decir, al bolsillo de todos los contribuyentes”.

En esta ocasión, el reconocimiento extrajudicial de deuda es con la empresa Eulen, adjudicataria del contrato sobre prestación del servicio de vigilancia, seguridad, control de acceso de personas, mercancías y asistencia en la zona de “El Tarajal”. 

Un contrato que, según el informe realizado en su día por parte del director de Servicios Tributarios, recuerdan desde MDyC, “llegó a su finalización con anterioridad a la adjudicación del nuevo contrato, cuyo concurso público estaba en tramitación…” Según este mismo informe “la factura nº845593, de 30.862,26€, presentada inicialmente el 28 de febrero de 2018, continúa en la actualidad sin ser abonada por la Ciudad Autónoma de Ceuta”, y continúa diciendo que:  “aunque el servicio fue prestado bajo la supervisión de Servicios Tributarios de Ceuta, entidad designada para dar cumplimiento al protocolo suscrito con la Delegación del Gobierno”; por lo que se refiere al resto de las facturas, “dado que el contrato entonces vigente entra la Ciudad y la empresa Eulen S.A. llegó a su finalización con anterioridad a la adjudicación del nuevo contrato, cuyo concurso público estaba en tramitación, y la imposibilidad de suspender el servicio que lo regula (en el Tarajal II), se comunicó a la adjudicataria EULEN SERVICIOS S.A. la continuidad del servicio recogido en el contrato hasta entonces vigente, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, hasta la adjudicación del nuevo contrato. Esta prórroga, obligatoria para Eulen Seguridad, es la que justifica la diferencia existente entre el precio del contrato inicial y el total facturado en relación con dicho contrato S3/2018”.

Desde el Movimiento creen “injustificable” que el Ayuntamiento “haya mantenido en el cajón facturas, al menos cuatro, cuyo importe es de 147.999,25 €”. 

“Concretamente, se puede ver que hay una factura del 2017, por un importe total con ipsi de 30.862,26 €, y otras tres del 2018, por cuantías de 23.917,47 €, 32.635,71 € y 60.583,81 €, y cuyo montante total es el indicado anteriormente. Se detalla asimismo que se corresponderían al período de febrero y diciembre del 2018 las dos primeras, así como a febrero y septiembre de 2019 las dos restantes, aunque todas ellas, aparecen registradas este año, 2022, desconociendo si ya lo habían sido sin haber recibido respuesta o si se registran ahora por primera vez”.

Este reconocimiento extrajudicial se llevó a cabo en la reunión del pasado viernes 2 de diciembre de 2022, aunque el portavoz del ejecutivo local, que habitualmente se ciñe a los “asuntos tratados en consejo de gobierno”, no dio traslado.

Para el MDyC este tipo de cuestiones “son motivo más que suficiente para que se asumieran responsabilidades desde el Ejecutivo local como principales gestores del dinero público, comenzando por aclarar públicamente las razones que les han movido en este momento a este reconocimiento extrajudicial de deudas que datan de hace más de cuatro años. La ciudadanía no debe pagar lo que se ha convertido en una costumbre para este Ejecutivo con la connivencia de sus socios socialistas por lo que exigimos a la responsable de Hacienda que aclare las razones de este extraño reconocimiento”.