El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC) ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de manera oficial el pasado miércoles lo sucedido con las vacunas y la inyección de la primera dosis a responsables políticos, tanto de la Ciudad como del Ingesa por si tales hechos fueran constitutivos de delitos de prevaricación y malversación, tal y como se recogen en los artículos 404 y 432 del Código Penal.

El escrito que ha hecho público el MDyC señala que “en plena pandemia, nuestra ciudad ha saltado a la opinión pública nacional a raíz de las vacunaciones que puedan haberse realizado por parte de personas a las que no les correspondía en base al protocolo para la vacunación establecido por el Ministerio de Sanidad, que establece que se administre:

En primer lugar en residencias de ancianos y centros de discapacitados;

En segundo, al personal sanitario de primera línea;

En tercero, otro personal sanitario y sociosanitario y

En cuarto, a grandes dependientes no institucionalizados”.

Recuerda, MDyC que como consecuencia de “esta irregularidad”, Javier Guerrero ya ha dimitido por haber reconocido que se vacunó, sin mencionar que idéntico reconocimiento ha realizado también la directora general de Sanidad, Rebeca Benarroch, sin que haya consecuencias por el momento, ni de forma expresa al responsable del Ingesa en la ciudad, Jesús Lopera.

La denuncia la interpone tras haber intentado sin éxito consultar la lista de vacunados, algo que recoge en su escrito de denuncia:

“El grupo municipal al que represento ha acudido a la Consejería con la finalidad de conocer si pudieran existir más ‘irregularidades’ en el protocolo de vacunación, recibiendo la respuesta negativa y no pudiendo siquiera consultar visualmente el listado de personas vacunadas, siendo la respuesta, como se adjunta, que se ha realizado ‘el encargo a Secretaría General y a la jurídico de la Consejería de informe por contener datos de carácter confidencial y una vez finalizado se procederá de conformidad a las conclusiones del mismo.

Por lo tanto y teniendo en cuenta la falta de transparencia y la evidente alarma social y preocupación por la gestión de alto tan sensible como son las vacunas administradas frente a la covid-19, en general y no sólo en relación a la consejería de sanidad, y ante la imposibilidad, en la función que realizamos de velar por los intereses de los ceutíes en la Asamblea de Ceuta, pongo estos hechos en su conocimiento a los efectos oportunos, para que, si a bien lo tiene, se realicen las averiguaciones necesarias para esclarecer presuntos hechos delictivos y la participación en ellos como prevé el Código Penal”.