MDyC recuerda que en el pasado Pleno de control, el consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Fernando Ramos, se comprometía a iniciativa de los primeros a negociar con la adjudicataria de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) una rebaja de las tarifas, para hacer cumplir el acuerdo aprobado en julio de 2017 que decía: “Estudiar todas las posibilidades antes del vencimiento del mencionado contrato en 2019, con tiempo suficiente, incluida la posibilidad de liberalización del servicio para que haya competencia, que se mejoren los precios y también la calidad”.

“En el año y medio trascurrido, el Desgobierno del Sr. Vivas nada ha hecho para llevar a cabo el cumplimiento del acuerdo y los y las ceutíes debemos pagar las tarifas más caras de España por una inspección a la que nos obliga la administración, como el informe de FACUA confirmaba y que suponen un enriquecimiento excesivo del adjudicatario a costa de nuestro bolsillo”, reprochan.

La “negociación” a la que el día 19 de diciembre se comprometía en el pleno el Gobierno de Vivas ha tenido escaso reflejo en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) de este viernes, donde se autoriza el incremento de las tarifas en un 2,3 por ciento en base a la solicitud de la empresa del día 18 de diciembre por lo que, para MDyC, la “negociación ha sido firmar el decreto para avalar una nueva subida”.

Para el MDyC vuelven a defenderse los intereses de la adjudicataria en contra del interés de los ceutíes, “a quienes se les da la espalda olvidándolos una vez más”. “A lo que hay que añadir el IPSI que nos cobra esta Corte de los Milagros del 9%, frente al 4% de Melilla, una diferencia del 125% que no está justificada más que por el afán recaudatorio del Partido Popular, cuando sus promesas electorales hablan de reducir impuestos, sus actos de desgobierno les desmienten con una estructura tributaria injusta y abusiva”.



Para MDyC, factores como la facturación que realiza el adjudicatario junto con el escaso canon que paga a la ciudad,  de apenas el 3% de lo cobrado, una ya amortizada inversión, las ventajas en las seguridad social, etc., le permite, según cálculos de la formación que lidera MDyC, obtener un beneficio cercano al 50% de las tarifas “cobradas por una inspección que la propia administración impone al usuario de cualquier vehículo y que no puede convertirse en un beneficio injusto para el concesionario a costa del bolsillo de los ciudadanos”.