Fatima Hamed, como portavoz del Grupo Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta, ha pedido explicaciones al Gobierno sobre la decisión de eliminar la fiscalización en las adjudicaciones a empresas del grupo TRAGSA y TRAGSATEC.

Hamed ha recordado las reticencias que siempre han tenido con las muchas adjudicaciones al Grupo TRAGSA, debido a que “no se terminan las obras, ni se cumplen los plazos”. Ha señalado el polideportivo de Juan XXIII como ejemplo de incumplimiento, cuando se ha “estado embolsado cantidades millonarias”.

Los acuerdos suprimidos mediante decreto para justificar las encomiendas de gestión explicaban que la Intervención de Ceuta realizaría la fiscalización previa. Algo que según ha explicado la portavoz, “fue desmentido por el mismo Juan Vivas”.

MDyC ha preguntado cuantas obras ha terminado en tiempo TRAGSA, cuál ha sido la finalidad de suprimir esta fiscalización y cuántos ayuntamientos lo han hecho-

Kissy Chandiramani, la consejera de Economía, ha especificado que “no es un decreto, es una propuesta a Consejo de Gobierno”, que ha realizado “convencida con la bondad de la medida”, acordada con los técnicos con el objetivo de agilizar los procedimientos, eliminando esta “fiscalización doble” a todo el sector periférico público.

Ha explicado que los precios con los que se valoran las actuaciones de TRAGSA los aprueba el Consejo de Ministros, avalada por la Intervención General del Estado, por lo que “no hace falta que lo vuelva a avalar la Intervención de la Ciudad”.

La consejera ha explicado que es, primero el técnico y luego Intervención de la Ciudad quienes fiscalizan si se ha realizado el trabajo antes de proceder al pago, motivo por el que el presidente afirmó que era imposible que la Intervención no fiscalice. Ha añadido que, además, las asignaciones a TRAGSA se publican en el BOCCE, se transmiten al Tribunal de Cuentas, y pasan por el Consejo de Gobierno.

Hamed ha seguido cuestionan que sobre “qué problema hay en que haya una doble o triple, si arroja mayor seguridad” y ha añadido que “se detectan muchas cosas en esa propuesta que luego se convierte en decreto”.

Un ejemplo que ha dado la localista está en certificaciones de marzo, abril y mayo, de la empresa donde Intervención señala que hay “diferencias entre lo contratado y lo ejecutado”.

Ha advertido que suprimir solo significa “amputar la seguridad jurídica” y ha pedido que se mantenga la fiscalización previa dado que considera que esta eliminación es el primer paso al “oscurantismo”.

También ha insistido en que TRAGSA no ha acabado en plazo ninguna obra.

Chandiramani ha criticado a Hamed que “se le ha caído la interpelación” y ha hecho un ‘totum revolutum’ con todos los documentos que traía. Ha justificado con disponer de los datos de las obras, suministros y servicios que realiza el Grupo TRAGSA, porque no lo incluía la interpelación.

Ha negado el oscurantismo dado que las empresas de TRAGSA son entidades 100% públicas, completamente fiscalizada por múltiples organismos y ha criticado que esta medida realizar, precisamente, lo que Hamed ha pedido en múltiples ocasiones, “eliminar la burro-cracia”.