El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha propuesto a la Consejería de Sanidad, Consumo y Menores que extienda la instalación de desfibriladores (DEA´s) a todos aquellos lugares, también privados, "en los que la concentración de personas sea elevada o en los que por la actividad que se realice sea recomendable su instalación".

En la actualidad, la Ciudad Autónoma tiene emitidos dos decretos por los que se regula la instalación, su utilización y la formación necesaria para su uso. Uno exige la autorización administrativa para su instalación y en otro se dan los requisitos para la formación. Según el MDyC, "en ninguno de ellos se regula la obligatoriedad de su disponibilidad en determinados lugares donde coincidan una alta concurrencia de personas y exista la probabilidad de una parada cardiaca".

El Movimiento entiende que "dado que la competencia reguladora se encuentra transferida a nuestro municipio, que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo occidental y la muerte súbita cardiaca uno de sus exponentes principales,el Ayuntamiento debe regular como ya han hecho bastantes Comunidades Autónomas su instalación obligatoria en los espacios en los que la concurrencia de personas sea elevada".

El MDyC sostiene que "el derecho a la protección de la salud que nuestra Constitución instaura no puede quedar supeditado a la generosidad de las empresas y que debe ser normado por quien tiene la competencia obligando a tener estos 'salvavidas' como ya existen regulaciones como las medidas contra incendio de las que nadie discute su obligatoriedad".

La formación localista quiere que "centros comerciales, Puertos, Helipuertos, Instalaciones Deportivas, etcétera", tengan la "obligación" de disponer de un desfibrilador, así como crear un registro donde consten todos los instalados fuera del ámbito sanitario para facilitar a los Servicios de Emergencias Sanitarias el conocimiento de su ubicación para mejorar la eficacia y la eficiencia de su intervención".