La portavoz del MDyC ha querido centrarse este miércoles en el Pleno en “la letra pequeña que omite la consejera” de la modificación del Presupuesto” de un Gobierno, el de Vivas, que supone a su juicio “veinte años de pandemia” para Ceuta, por lo que se ha posicionado en contra en la votación de la propuesta. “Esto será un rompeolas, pero no un abrigo para los más vulnerables”, ha lamentado Fatima Hamed, que ha advertido que la caída del IPSI será en realidad “muy inferior” a lo previsto: 15 millones en lugar de 19, según ha rebatido los cálculos de Servicios Tributarios. “Parecen querer apoyar a cualquiera menos al pueblo de Ceuta, que es el que más lo necesita en este momento”, ha reprobado al Ejecutivo del PP.

“Solo destinan a gastos generados por la pandemia 10,5 millones siendo muy generosos, el resto va a en su mayoría a tapar la mala gestión”, ha corregido la localista a Chandiramani, a la que ha pedido “explicaciones” por la ampliación del servicio de limpieza pública viaria por 1,8 millones. También recela del gasto en un touroperador para traer turistas: “Siguen empeñados en regalar el dinero, como con los billetes de 16 euros con una naviera, tal y como han alertado los propios empresarios del sector”, ha criticado Hamed, que ha reclamado “un estudio” de ese contrato.

Con respecto a la partida para paliar las consecuencias de las obras de Claudio Vázquez, el MDyC ha cuestionado que la Ciudad insista en su apuesta por Tragsa “que no crea empleo, nos cuesta el doble y eterniza cada proyecto” y ha reclamado que esos programas de apoyo se extiendan “a todas las áreas en las que haya trabajos con una duración superior a 3 meses”.

Hamed ha cifrado en “5 millones” la cuantía real que se dedica a pagar sentencias judiciales en contra de la Administración y ha incidido en que “vamos a pagar el doble del precio de mercado por el material sanitario adquirido con un despilfarro”.

La portavoz también ha reclamado que la Ciudad mantenga su millón para digitalizar la Educación “al margen de los 630.000 euros que va a enviar el Estado con el mismo destino”, algo que tanto Chandiramani como Rontomé han garantizado que se hará, y ha considerado “un despropósito” que se pretenda eliminar la indisponibilidad de los 7,2 millones de convenios impagados por el Gobierno central “por sus prisas para pagar sentencias”.