Real Decreto

El Gobierno aprueba en el Congreso el reparto de menores con voto en contra del PP, también Celaya

 El ministro Ángel Víctor Torres durante su comparecencia  / Foto: Congreso
photo_camera El ministro Ángel Víctor Torres durante su comparecencia / Foto: Congreso

Este jueves se ha producido en el Congreso el debate y posterior votación del Real Decreto Ley que establece medidas urgentes para el traslado de menores migrantes no acompañados desde territorios colapsados como sería el caso de Canarias y Ceuta a otras autonomías que dispongan de plazas libres. La medida ha salido adelante a pesar del voto en contra del PP, incluido el diputado por Ceuta, Javier Celaya

 

El Gobierno de Pedro Sánchez y, en cierto modo, también los de Canarias y el de Ceuta, han logrado estes jueves la convalidación del Real Decreto 2/2025 que establece medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Lo ha hecho tras un debate que en general ha transcurrido en términos sosegados y con el voto en contra del Partido Popular y VOX, incluido en el no, el del diputado por Ceuta, Javier Celaya, al que su partido en la ciudad le había recordado incluso de forma pública que el Gobierno de Juan Vivas consideraba necesaria y buena la medida en varias ocasiones. Celaya al final ha optado por seguir la disciplina de voto marcada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que a su vez ha obviado los deseos del Gobierno de Canarias del que forma parte bajo el liderazgo de Coalición Canarias o el de Ceuta.

En total la convalidación ha salido adelante con 179 votos a favor y 170 en contra, y una sola abstención.

El debate sobre este Real Decreto que al fin y al cabo tratar de garantizar cierta agilidad en el traslado de los menores extranjeros no acompañados de los territorios que se encuentran colapsados a otros puntos del país y además hacer obligatorio ese mecanismo de solidaridad lo ha arrancado con la defensa de su bondad el ministro de Política Territorial, el canario, Ángel Víctor Torres. La de hoy ha sido su última intervención pública antes de pasar por el quirófano para operarse de cáncer.

Torres ha dejado claro, como luego lo haría también Coalición Canarias que la situación de la presión migratoria que ha impulsado la medida no es precisamente nueva, se arrastra desde hace más de dos décadas. Y a modo de advertencia, quizás por declaraciones como las de los últimos días del presidente de Melilla, Juan José Imbroda, posicionándose en contra, o por como ha ido aflorando en los últimos meses cierto egoísmo territorial, Torres ha apuntado que los flujos migratorios han ido cambiando con los años, lo que quiere decir que pueden volver a cambiar, hoy el fenómeno aturde de forma especial a Canarias, Ceuta y Melilla, pero mañana puede ser cualquier otra región. Para entonces habrá un mecanismo ya establecido que obliga a la solidaridad interterritorial.

El ministro ha pedido altura de miras, mirando en especial a la bancada del PP, a sus diputados, también a Celaya, les ha recordado que en su intento de investidura habían aceptado la exigencia de Coalición Canaria de poner de poner remedio de forma definitiva a la situación de desbordamiento que viven las islas por la acogida de estos menores. Y les ha pedido dar su sí al Real Decreto que plantea “una respuesta definitiva, estructural y equilibrada a esta crisis humanitaria y a las que puedan venir”. Además, ha recordado, se establecen fórmulas objetivas para estipular cuando un territorio se enfrenta a una crisis por sobre ocupación y requiere el traslado de menores así como los fondos económicos necesarios para hacer frente a esas contingencias.

El objetivo, ha insistido, pasa por defender el interés superior del menor. Una intervención que el ministro de Política Territorial no ha querido cerrar sin agradecer a los presidentes de Canarias y Ceuta por “el aliento, el compromiso y el esfuerzo” durante todos estos meses de crisis humanitaria pero también de negociación.

El PP en el No

Instalado en el no a prácticamente todo lo que salga del Gobierno y acabe convertido en un debate más o menos central de la política patria, el PP ha dejado claro que su voto sería en contra. Lo ha hecho la diputada Ana Alós, la encargada de defender su postura en la que ha destacado la crítica a la gestión de la crisis migratoria que ha llevado a cabo el Gobierno: "Canarias, Ceuta y Baleares están siendo los principales puntos de llegada de inmigrantes irregulares; han llegado al punto de saturación, sus infraestructuras están colapsadas, ya no hay recursos". A pesar de esa situación, el PP prefiere enquistarse en el no sin presentar ninguna otra solución alternativa, dado que tan siquiera han presentado enmienda o propuesta alguna sobre el asunto.

Y es que Alós y el PP consideran insuficiente la solución y así ha recalcado que, desde hace meses, el PP ha estado reclamando al Gobierno "una verdadera política migratoria que dé respuesta a este extraordinario desafío". En su opinión, la crisis migratoria se ha "convertido en crónica por su inacción". De esta forma, afirman que "este parche no va a ser una solución para Canarias". En palabras del PP, "este Real Decreto-Ley es la constatación del fracaso absoluto de la política migratoria del Gobierno de Sánchez".

Por otro lado, el PP ha destacado que su partido, en colaboración con las comunidades autónomas donde gobierna, y especialmente con Canarias, "trabajó durante meses en un plan para afrontar la crisis migratoria y dar respuesta a la situación de colapso que viven Canarias y Ceuta". Según Alós, esta propuesta fue "rechazada desde el primer momento por el Gobierno", mientras que ahora “ha tenido que obligarle el Tribunal Supremo a responsabilizarse de los menores solicitantes de asilo, más de 1.200 que deberían haber estado desde el principio en su sistema de protección internacional". Y además, han criticado que "pusieron todas las excusas posibles para no cumplir con lo que les imponía el Tribunal Supremo". Y es que lo que ha omitido Alós es que esa solución pasaba por revertir las competencias en materia de menores al Gobierno Central y en cierto modo por asumir las tesis de VOX para la repatriación de los menores por la vía de urgencia, algo prohibido por los acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos que tiene asumidos España.

En relación con el Real Decreto-Ley aprobado, el PP considera que es un "parche que se limita a repartir el problema sin abordar ni una sola de las causas raíz". Según su posición, "el Gobierno se lava las manos" y no aporta soluciones ni recursos, solo impone "cargas". 

Así, el PP ha exigido que el Gobierno asuma su responsabilidad en la solución de la crisis migratoria y que se garantice "una política migratoria integral y seria", con "solidaridad acompañada de recursos suficientes y garantizados por parte del Estado". Quizás una de las aspiraciones finales a modo de sentencia expresada por los populares refleje mejor que ninguna otra cosa su posición al no: "Los menores que mueren en el mar no se pueden repartir". Obviando lo que precisamente recordó Torres, que el problema no es nuevo, se ancla en hace más de dos décadas y ni Aznar ni Rajoy fueron capaces tampoco de poner en marcha medida alguna que al menos amortiguara el imposible reparto de niños ahogados en el mar.

Vox anti

La diputada de VOX, Rodríguez de Millás, ha elevado el tono como cabía esperar en una cuestión migratoria sacando a pasear la postura absolutamente anti inmigración, si es que no racista, de la formación.

Para la diputada de VOX la culpa de la actual crisis migratoria es a partes iguales del PSOE y del PP.

En el caso del PSOE por que tanto "en España" como "en Bruselas se ha afanado por abrir las puertas de las naciones a la ilegalidad y a sus consecuencias nefastas". Y en el caso del PP por comprar ese discurso de "falsa solidaridad" por miedo a que "les acusen de racistas".

Para la formación de Abascal el Real Decreto lejos de solucionar agravará la situación por el legendario "efecto llamada" al que alude la formación con cualquier medida que trate de poner alguna clase de orden a la inmigración, que todos los informes económicos apuntan como necesaria para la sostenibilidad de la economía.

"Ustedes creen que los españoles son sustituibles y porque en contra de la solidaridad que alardean ustedes ven números. Una vez llegan los inmigrantes hasta aquí tampoco gestionan las consecuencias porque la realidad de muchos barrios y calles la están sufriendo los españoles y por eso ustedes están perdiendo", ha lanzado la diputada.

A VOX solo le sirve la devolución sin cortapisas: "Los menores, con sus padres y cualquier persona que entra de forma ilegal, repatriada de forma inmediata", ha zanjado la diputada. Todo esto adornado con argumentos recurrentes para sostener una cierta criminalización de los inmigrantes: islamización, más violencia en las calles y ese largo etcétera que es habitual en VOX.

Coalición Canaria y sus 20 años de reivindicaciones

Especialmente significativa ha sido la intervención de la diputada de Coalición Canaria, quien ha recordado que desde su territorio llevan 20 años “hablándoles de esto y no han hecho caso”. Así, ha recordado, ha sido necesario “ponerlo negro sobre blanco” en el acuerdo para la investidura de Sánchez, algo que también hicieron con Núñez Feijóo, para trabajar para hacerlo realidad. Un desarrollo que se ha extendido durante más de un año y medio, “trabajando sin descanso”, y que ahora, ha lamentado, se trata “como si nos hicieran un favor” cuando, ha insistido, “es responsabilidad de todos ustedes”.

Un Real Decreto mediante el que se pretende agilizar el traslado de menores, contribuyendo a acabar con el colapso a día de hoy en Ceuta y Canarias pero que será útil también para otros territorios cuando se enfrenten a situaciones similares, algo que no es descartable ante los cambios en las rutas migratorias.

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