El PP de Ceuta está "extrañado" por los movimientos de la Delegación del Gobierno, que primero montó su propia mesa de diálogo social sin invitar siquiera a participar al Ejecutivo local y el lunes pidió a la Administración autonómica que paralizase la suya si no contaba con la presencia de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y los diputados no adscritos.

"Nos extraña que la Ciudad invite a todos los actores necesarios, incluida la Delegación, y que esta, de forma paralela, convoque una mesa de diálogo de la que está excluida la Administración local, pero sobre todo su pretensión de que, a pesar de la necesidad urgente de soluciones, se paren los trabajos sobre el Plan de medidas par la reconstrucción de Ceuta hasta que no se incorporen los sindicatos", han relatado desde Ainara en un comunicado.

De "intromisión" en el ámbito de la representación política de la Ciudad ha tachado el PP que la Delegación también pretendiese "condicionar el avance de las reuniones a la participación de los dos diputados no adscritos en el grupo de trabajo", reivindicación que secundó el PSOE.

"Sorpresa" causa en los de Vivas "la no asistencia de los representantes sindicales de CCOO y UGT a las convocatorias de las reuniones del grupo de trabajo y no queremos pensar", ha añadido el PP, "que anteponen sus propios intereses y pretendan bloquear la gestión y el trabajo del gobierno de Juan Vivas".

Por todo ello, los populares se han alineado con su portavoz en la Asamblea, Carlos Rontomé, que este miércoles ha subrayado que "no existe ningún rechazo por parte del Gobierno a la presencia de los sindicatos en este grupo de trabajo sino más bien todo lo contrario ya que se quiere fomentar la unidad y el consenso en el desarrollo de las medidas y de las acciones a debatir".

"Es más, la documentación aportada por UGT y CCOO al Plan de las 140 medidas del gobierno de Juan Vivas, que pretende ser una herramienta para el cambio de modelo económico de nuestra ciudad, están incorporadas al grupo de trabajo", ha recordado la formación azul en un comunicado en el que ha incidido también en que el documento presentado en febrero "es un punto de partida para el debate y el consenso y está por lo tanto abierto a las aportaciones y modificaciones que los actores políticos, sociales y económicos consideren necesarios".