La Comisión de Seguridad Social y Trabajo del Senado ha aprobado esta semana por unanimidad una moción que insta al Gobierno a presentar una regulación laboral para las personas que trabajan para plataformas digitales. El ceutí David Muñoz Arbona (PP) ha sido el encargado de defender la enmienda de su Grupo abogando por "una mayor participación de los diferentes agentes sociales, ampliando a asociaciones y fundaciones especializadas en dicho ámbito".

El parlamentario caballa considera que las últimas sentencias del Supremo urgen a acelerar la adaptación a la realidad de determinadas plataformas digitales la regulación laboral, un tema "capital para la vida y bienestar de las personas, la distribución de la riqueza, la inclusión social y la organización y cohesión de nuestras sociedades".

Muñoz ha advertido al portavoz socialista que el Gobierno debe actualizar el Plan Director por un Trabajo Digno porque "está desfasado" y ha apelado a "fuentes legislativas y científicas como la Carta de Derechos Digitales de España", que estipula que “todas las personas poseen idénticos derechos en el entorno digital y en el analógico".

"Se debería buscar un equilibrio y consenso entre la defensa de la propiedad intelectual, en este caso industrial, de las empresas digitales, en cuanto son activos para éstas, y el de los trabajadores, recogido en sus estatutos, para poder conocer cómo se toman las decisiones que les afectan", ha considerado el político ceutí, que sobre el el Real Decreto Ley que convertirá en asalariados a los repartidores ha reclamado “no dejar fuera los agentes sociales".

"Hay que abogar en que debe haber transparencia en los algoritmos como sistemas de organización y control del trabajo, estudios de tiempos, abogando al diálogo y puesta en común, y también habría que integrar y contar con expertos y asociaciones/fundaciones de este ámbito, y encontrar puntos de encuentro entre profesionales del dato, tecnólogos y trabajadores, mediante una “Inteligencia Artificial Responsable”, ha añadido antes de solicitar "una regulación seria y multilateral apoyando a los derechos de los trabajadores que están expuestos a grandes riesgos, como a las empresas de la restauración, hostelería y comercio”.