Con bastante retraso, más de dos años y medio, desde que la Intervención de la Ciudad dio la primera alerta, la Administración sigue dando pasos para recuperar los 181.000 euros no justificados por la Asociación de Vecinos (AVV) del Príncipe Alfonso de la subvención de 213.000 que recibió en 2013 para, básicamente, pagar los sueldos de los diez empleados de las Brigadas Cívicas, nueve de los cuales siguen en nómina pública a través de la FPAV en las Brigadas Verdes.

La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en manos del Organismo Autónomo Servicios Tributarios (OAST) la recaudación en vía ejecutiva del dinero, según fuentes del Ejecutivo local. El presidente de la entidad vecinal, Abdelkamil Mohamed, con quien Ceutaldia.com ha intentado contactar sin éxito, no formuló alegaciones o recursos ni al Decreto firmado el pasado 17 de marzo por el consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, para incoar expediente de reintegro parcial de la subvención percibida, por un lado; ni a la Resolución definitiva del 6 de mayo relativa al reintegro de la cantidad antes señalada, por otro.

Los administradores de las personas jurídicas son responsables subsidiarios de la obligación de reintegro de una subvención. Solo se exime a quien hubiese realizado “los actos necesarios que fueran de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas” o no hubiera adoptado “acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos o consintieran el de quienes de ellos dependan”.

Finalmente, el 26 de mayo el mismo departamento inició un expediente sancionador a la citada asociación por la falta de justificación de la subvención recibida en 2013, según detalla el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre la gestión de la Administración local.

En el convenio de 2013 no se recogió el número de componentes que debían formar parte de la Brigada ni se determinaron los criterios objetivos y el proceso de selección de las personas contratadas. Según la documentación aportada, se firmaron diez contratos laborales correspondientes a cada uno de los miembros de las Brigadas Cívicas, si bien en un caso no se pudo acreditar la formalización de su contrato laboral, según el Tribunal de Cuentas.

La actuación del Ejecutivo local marcha con bastante retraso. En la comprobación de la cuenta justificativa efectuada por la Intervención de la Ciudad en mayo de 2014 se detectó la existencia de “gastos de personal no justificados” por un importe de 113.000 euros y se solicitó a la Consejería concedente la apertura del correspondiente expediente de reintegro.

La Asociación de Vecinos devolvió en junio de 2014 los 1.000 y 13.000 euros sobre cuya justificación también puso “reparos” la Intervención a la hora de fiscalizar los gastos realizados en los ejercicios 2011 y 2012.

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