La promoción de viviendas del Monte Hacho debía tener, según el proyecto original, 127 viviendas y 127 plazas de garaje. El resultado que puede verse sobre el Sarchal solamente cuenta con 86 casas y 40 aparcamientos. Ello a pesar de que en 2007 el Gobierno central aprobó suplementar con 1,8 millones de euros su acuerdo con la Administración local "como consecuencia del proyecto modificado autorizado y aprobado".

Que las torres costasen más de 12 millones en lugar de 10 para construir solamente dos tercios de lo planeado se dio por saldado a ojos del Tribunal de Cuentas, ante el que CCOO presentó una denuncia, con el argumento de que el movimiento de tierras había sido mucho más costoso de lo inicialmente previsto y con el compromiso del Gobierno de Vivas de asumir la construcción del resto de viviendas y garajes.

Lo que no se sabía hasta ahora es que, lo que sí se hizo por parte de la constructora, 'Acciona Infraestructuras', según un informe técnico de EMVICESA, costó bastante más de lo que realmente vale.

La Empresa Municipal ha detectado "diferencias sustanciales entre las obras proyectadas, ejecutadas y abonadas" que explican que si hay humedades no es por mala suerte. La impermeabilización de los suelos de las terrazas "no se ha ejecutado en la obra, de ahí los problemas en las solerías de las estancias de las viviendas". La impermeabilización de los aljibes tampoco se hizo.

Donde debía haber "calentadores instantáneos a gas" los hay "con encendido piezo-eléctricos", aproximadamente un 15% más baratos "que el proyectado y abonado". Los fregadores, "certificados y pagados", no se pusieron, como tampoco las griferías facturadas.

Del proyecto original desaparecieron "pilares de acero" y la losa vista que se había cambiado por forjado en el modificado que disparó el precio de la promoción se quedó donde estaba.

El capítulo de revestimientos no ejecutados es tan extenso que da cuenta de por qué la imagen real de las torres se parece poco a los acabados que figuran en las infografías originales. Ni hay panel de viruta y cemento (se puso un enfoscado maestreado) ni los paneles fenólicos son de la calidad requerida ni se ha puesto el pavimento de hormigón estipulado, que fue sustituido por baldosas sobre cuya problemática se alertó "en multitud de ocasiones" sin resultado. Eso sí, cuestan un 232% más que las que tendrían que haber sido colocadas.

El rodapié usado tiene un coste un 15% inferior al facturado y las puertas de entrada a las viviendas no son de roble, como tendrían que serlo. Tampoco se ha puesto la madera fija de pino que, a modo de mampara, se había contemplado en el modificado para separar la caja de escalera y los vestíbulos de las viviendas.

La red de riego colocada es "muy inferior a la proyectada y abonada" y la calidad de la instalación de alumbrado público también se considera "muy inferior a la proyectada", con 13 lámparas con el cableado "grapado a los muros y las fachadas" que "nada tiene que ver" con la instalación "soterrada proyectada con 15 farolas con columnas y multitud de luminarias dispuestas por toda la promoción".

La referida es una muestra del cerca de medio centenar de partidas con irregularidades localizadas por los técnicos, que asumen que "con un examen más detallado de la promoción en los capítulos de instalación eléctrica, contraincendios, urbanización, etcétera, se podrían encontrar nuevas partidas no detectadas hasta la fecha y que no se hayan ejecutado con la misma calidad y/o cantidad a las proyectadas".

"El importe estimado" de las taras localizadas "ascendería a 467.000 euros de presupuesto de ejecución material, 733.980 de presupuesto de contrata, una vez aplicada la baja, gastos generales, beneficio industrial y revisión de precios a IPSI.

Caballas elevará una moción de urgencia al Pleno que se celebrará este martes en la Asamblea para instar al Ejecutivo local a incautar "de manera inmediata" el aval constituido por la empresa 'Acciona Infraestructuras' como garantía de la ejecución de las obras de la promoción"; acometa "por la vía de urgencia" las obras necesarias; a abrir un expediente "para determinar las responsabilidades a que hubiera lugar por el abono de una cantidad superior a 700.000 euros por obras no ejecutadas o ejecutadas en una cantidad o calidad inferior a la proyectada" y a emprender ante la jurisdicción competente "las acciones legales pertinentes para, además de exigir las responsabilidades correspondientes, lograr la devolución de las cantidades abonadas indebidamente".

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