Apenas veinticuatro horas después de que las urnas de toda España se llenasen hasta arriba de papeletas, la ciudadanía vuelve a estar llamada a votar. En medio de una resaca electoral como pocas se recuerdan, Pedro Sánchez ha anunciado este 29 de mayo el adelanto de las generales. No un mes; ni siquiera dos o tres; casi medio año.
El presidente del Gobierno ha oficializado el anuncio en cuestión a las puertas del Palacio de la Moncloa tras "mantener un despacho con Su Majestad el Rey". Sánchez habría trasladado a Felipe VI "la decisión de convocar un Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes Generales" y forzar, así, la subsiguiente "convocatoria de elecciones", de la que el Boletín Oficial del Estado se hará eco este próximo día 30.
La fecha elegida por el jefe del Ejecutivo central ha sido -"de acuerdo con los plazos que establece la ley"- el 23 de julio. Sánchez aseguraba que la decisión obedece a "los resultados de las elecciones celebradas ayer". Para el mandatario, la circunstancia tiene "dos consecuencias": la primera, que "magníficos presidentes autonómicos y alcaldes socialistas se verán desplazados" a pesar de su "impecable gestión"; la segunda, que "numerosas instituciones pasarán a estar administradas por nuevas mayorías conformadas por Partido Popular y VOX" (está por ver si ese será el caso de nuestra salada Perla del Mediterráneo).
Pese a su carácter regional, para Sánchez, los comicios de este pasado domingo "trasladan un sentido que va más allá". Aunque -al igual que hiciera Gutiérrez- el presidente ha evitado hablar de batacazo o fracaso, este ha asumido "en primera persona" y "como secretario general del Partido Socialista" los resultados salidos de las urnas, que ponen a los suyos contra las cuerdas en muchos puntos de la geografía nacional.
"Creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular", espetaba Sánchez, que considera que, dadas las circunstancias y pormenores actuales, el futuro más inmediato de España requiere de "una clarificación sobre la voluntad de los españoles" y "sobre las políticas que debe aplicar el Gobierno de la nación".
La decisión es firme, tajante; no hay marcha atrás posible. Los electores de todo el país cambiarán -forzosamente- el frío de la Navidad por el sofocante calor del verano para ejercer su derecho al sufragio. Puede que muchos lo hagan a las puertas del período vacacional o, incluso, en medio de este, lo que podría dar lugar a un incremento en la abstención. Quizá, de hecho, sea ahí donde radique el porqué de tan precipitado llamamiento.
Especulaciones aparte, solo el tiempo y los votos dirán cuál es el destino más inmediato de España. De momento, habrá que esperar hasta el 24 de julio para ver cómo quedan repartidos los asientos en Congreso y Senado.
