Los planes de la Ciudad y la Delegación para "mejorar" la situación en la frontera y los polígonos del Tarajal, de los que Vivas ha dado cuenta este martes a los grupos de la oposición, han "decepcionado" al Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), que ha anunciado que reunirá en una mesa a "todos los agentes implicados" para "intentar aportar soluciones concretas o al menos paliar las consecuencias de los problemas existentes".

Desde el punto de vista de los de Fatima Hamed "no parece que el Desgobierno quiera afrontar de una manera seria y decidida la solución de los problemas que esta zona de la ciudad tiene, no ya sólo los de los empresarios, sino la del resto de los vecinos que debemos sufrir los daños colaterales de su incapacidad para gestionar cualquier asunto que implique tomar una decisión".

El MDyC ha criticado que "a su habitual política de Don Tancredo, la inacción, aprendida de un gran maestro como Rajoy, se une la segunda herramienta utilizada por estos ineptos para escabullirse: proclamar que el problema es de otros".

La formación localista no se cree que "en abril" vaya a estar abierto el 'Tarajal II' ni nuevas políticas en materia de seguridad, limpieza o control porque, ha desvelado, el propio Ejecutivo autonómico asume que el plazo “es una declaración de buenas intenciones”.

"Denunciamos públicamente la incompetencia de este Desgobierno al que lo único que se le ocurre es crear una tasa para que los empresarios paguen el 'exceso de servicios' que dice debe afrontar el Ayuntamiento por culpa del descontrol que el Desgobierno genera y que no tiene suficiente con acusar a todos los empresarios del polígono de defraudadores porque algunos, que es incapaz de perseguir con sus medios, incumplan la legislación", ha cargado contra los de Vivas.

A título de ejemplo ha aseverado que "como gran remedio implantaron el pesaje de las mercancías, como siempre deprisa y corriendo a pesar de que trabajadores de Servicios Tributarios llevaban avisando varias años, pero como era el IPSI de importación y lo pagaba los demás españoles con sus impuestos, qué más daba, y ahora lleva un mes la báscula estropeada y debe reunirse una comisión para saber a quién le corresponde su arreglo: un coste de 5.000 euros que puede suponer una pérdida para las arcas municipales de 100.000".