El mayoría del Partido Popular en la Asamblea ha aprobado este viernes en solitario el Plan de Ajuste que debe remitir la Administración local al Ministerio de Hacienda para acreditar que podrá devolver a los bancos los al menos 80 millones de euros (durante las dos última semanas han aparecido otras 650 facturas además de 2.047 que Intervención mandó a Madrid a mediados de mes) que solicitará con cargo al mecanismo extraordinario impulsado por el Estado para que las entidades locales liquiden su deuda con los proveedores.

El documento, que llevaba aparejado otro Plan de Sostenibilidad y Estabilidad presupuestaria elaborado "voluntariamente" por los de Vivas, garantiza, según ha defendido el portavoz del Ejecutivo local, Guillermo Martínez, que, sobre una previsión “realista y prudente”, los ingresos corrientes de la Administración local serán durante la próxima década suficientes para cubrir sus gastos corrientes y los de amortización de esta operación financiera.

Además, Martínez ha resaltado que la hoja de ruta económica del Gobierno ceutí permitirá “liquidar” los cerca de 200 millones de euros de deuda viva que mantiene el Ayuntamiento, mantener los servicios públicos esenciales y las prestaciones sociales “al menos en el mismo nivel que actualmente” y “no destruir empleo estructural”.

El portavoz del PP ha justificado la deuda acumulada por los gobiernos presididos por Juan Vivas en la “notable caída” de los ingresos propios y las transferencias del Estado que ha sufrido la Administración local durante los últimos años y en el “esfuerzo” realizado para dar “el enorme salto cualitativo hacia los estándares peninsulares que ha realizado Ceuta”.

Guillermo Martínez también ha subrayado que las más de 2.500 facturas impagadas que arrastra la Ciudad por un montante de más de 80 millones de euros no debe interpretarse exclusivamente en términos per cápita, lo que sitúa a la entidad local como la más endeudada de España, “si no se tiene en cuenta la capacidad de ingresos que tiene, muy superiores a los de cualquier otro Ayuntamiento”.

El portavoz accidental del primer grupo de la oposición en la Asamblea, Caballas, Juan Luis Aróstegui, ha denunciado sin embargo que la mora descubierta es “el fruto de una de las señas de identidad del régimen de Juan Vivas, la mentira permanente como recurso dialéctico”. En la misma línea, el político localista ha negado que el progreso de la ciudad sea real más allá del centro: “Ceuta sigue teniendo las ratios más elevadas de paro y población por debajo del umbral de la pobreza y la más baja de viviendas sociales disponibles, pero el PP no incluye esa realidad en su panegírico”, ha censurado.

El diputado del PSOE José María Mas, que esta vez ha ejercido como portavoz socialista, ha afeado al Ejecutivo local el haber negado “durante años” a la oposición “la realidad económica” de la institución. “Llevamos mucho tiempo oyendo hablar de superávit al Gobierno ceutí y ahora descubrimos que arrastrábamos una deuda de 80 millones de euros que no se pueden atribuir a la situación económica general, sino a su forma equivocada de gobernar”, ha criticado recordando que “más del 40%” de los pagos no cubiertos fueron comprometidos sin consignación presupuestaria.

Localistas y socialistas han coincido en lamentar que la gestión del PP “deja a la Ciudad virtualmente intervenida por el Ministerio de Hacienda e hipotecada durante diez años” y han comparado en reiteradas ocasiones la situación de Ceuta con la de Melilla, “que no ha tenido que recurrir a este plan de pagos”.

Martínez ha rechazado todos los argumentos de la oposición y ha concluido resaltando que la deuda comercial “solamente supone el 3% del presupuesto real que ejecutara la Ciudad durante diez años”. “Es una cantidad razonable y asumible que atenderemos sin ningún menoscabo en los servicios que reciben los ciudadanos, sin subir la presión fiscal y desarrollando un plan local de inversiones que superará los 350 millones de euros”, ha recalcado.

El Plan de Ajuste prevé un recorte del 10% de los altos cargos de la Ciudad, la reducción al 50% de los pluses por jornadas partidas y especiales que cobraban cerca de 300 funcionarios, la amortización de todas las vacantes de la plantilla municipal, una rebaja de entre el 3% y el 6% en los salarios de las empresas municipales y la fusión de varias sociedades públicas, y un recorte de entre el 10% y el 20% en el montante de los convenios sociales y de colaboración con entidades de todo tipo que mantiene la Administración local.

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