El Pleno de la Asamblea ha rechazado este martes una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista defendida por Mayda Daoud que instaba al Gobierno de la Ciudad a "no solicitar la condena en costas a sus funcionarios salvo que se determine por parte de los tribunales que hayan actuado con mala fe o temeridad". Según Kissy Chandiramani, si una sentencia condena a un empleado público en costas la Administración está obligada a cobrarlas so pena incluso de incurrir en un delito.

Daoud ha argumentado que existe "un desequilibrio en cuanto al criterio de vencimiento aplicable en los pleitos planteados de forma que los funcionarios cuando ven reconocidas judicialmente sus pretensiones y ganan frente a la Administración, que resulta condenada en costas, no pueden reclamar las mismas a la Ciudad pese a que para acudir a los tribunales y garantizar su derecho a la defensa se hayan visto obligados a contratar a un Abogado que los defienda en el acto de juicio”.

"Por el contrario", ha contrapuesto Daoud, "cuando los funcionarios pierden los pleitos contra la Ciudad, que suele ser en las menos ocasiones, éstos si sufren la condena en costas y tienen que hacer frente al pago de estas a pesar de que la Administración no tiene ningún gasto en dichos procesos”.

La consejera de Hacienda, en criterio compartido por el MDyC y Ciudadanos, ha recordado que son los jueces quienes, en sus sentencias, dictaminan qué parte ha de ser condenada en costas, incluso aunque la otra no haga petición expresa, pero en caso afirmativo está forzada a su cobro.