La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha debatido este miércoles por la mañana una Proposición No de Ley de Podemos para “establecer un diálogo con el Reino de Marruecos a los efectos de regular bilateralmente el trabajo transfronterizo de forma que se garantice la dignidad y salud laboral” de las personas dedicadas al porteo en las fronteras de Ceuta y Melilla, así como a dotar a los pasos de dotaciones sanitarias permanentes y más recursos humanos y materiales para evitar avalanchas y muertes como las registradas en el entorno del 'Tarajal II' durante la primera mitad de este año.

La diputada Ione Belarra ha defendido por “absolutamente imprescindible” la implementación de su iniciativa para defender los derechos de los y, sobre todo, las porteadoras que por miles “transportan sobre sus espaldas bultos de entre 60 y 90 kilos en condiciones más propias de situaciones de explotación humanas de otras épocas y que, desde luego, suponen un evidente incumplimiento de nuestra normativa en materia de salud laboral en una prestación que se desarrolla en nuestro territorio”.

Además, ha criticado que el Estado español se niegue a considerar “trabajadores transfronterizos” a este colectivo. “Es evidente que el trabajo existe y somos nosotros los que tenemos que legislar para que se garanticen sus derechos”, ha argumentado.

Podemos reclama “un sistema sanitario de atención permanente” a los porteadores en la frontera; más personal con formación específica en Salud Laboral y Derechos Humanos; recursos materiales para impedir avalanchas “perfectamente evitables”. “Por el aeropuerto de Barajas también pasan decenas de miles de personas con pesados bultos cada día y no muere nadie”, ha comparado para poner de relieve que no es una cuestión de "imposibilidad" sino de disposición de medios y voluntad política.

Belarra también ha abogado por “perseguir el dinero, controlar a las empresas que se están lucrando, que no son las personas que cargando bultos de hasta noventa kilos cobran diez euros al día”.

La representante del PP, Isabel María Borrego, ha reprochado a la formación morada que “no conoce la situación real del Tarajal” y, aunque ha reconocido que hacen falta más medios humanos y materiales, “para lo que se han dotado 15 millones en el Presupuesto”, ha asegurado que en las inmediaciones está el Hospital Universitario o el Centro de Salud cercano y está presente “una furgoneta” de servicios fiscales.

“No son trabajadores transfronterizos y ustedes, si van, verán que entran en diferentes empresas a hacer sus compras. ¿Para cuál trabajan? Hay que avanzar para mejorar las condiciones del paso, disponer de más funcionarios y contar con más medios pero ya hemos pasado de paquetes enormes a otros más reducidos. ¿Es inhumano? A lo mejor, pero no solo desde hace tres años”, ha apuntado la diputada 'popular'.

El Grupo Vasco ha “apoyado” la iniciativa de Podemos aunque no ve más que “buenas intenciones” en la voluntad de entablar un diálogo con Marruecos para mejorar las condiciones del porteo. “Hay que ser sensibles con una situación que es ofensiva para nosotros”, ha apuntado Mikel Legarda.

Saúl Ramírez, de Ciudadanos, también ha dado por hecho que “todos somos sensibles” hacia la problemática denunciada. “Traen una Proposición No de Ley con tufillo de buenismo y podemos estar a favor del espíritu de la iniciativa pero hace falta más seriedad porque pretender que nuestros inspectores vigilen el cumplimiento de la normativa laboral marroquí, que es de donde son esas trabajadores...”, ha destacado.

El PSOE ha aprovechado el debate para instar al presidente de la Comisión a “agilizar” la visita de sus integrantes a Ceuta y ha dado por cierto que las medidas implementadas para controlar las masas de porteadores no han sido eficaces. “La coordinación con Marruecos es fundamental pero no podemos implicar a la Inspección de Trabajo porque no se pueden considerar trabajadores transfronterizos y no hay vínculo laboral con el territorio español”, ha rechazado la socialista Ángeles Álvarez un punto de la PNL. En cualquier caso, ha opinado que “el Estado debe dar una respuesta humanitaria y diplomática” a la problemática.

“Estaremos a pie de obra pero somos conscientes de que no habrá soluciones en ese espacio de excepcionalidad jurídica que alimenta el comercio atípico desregulado que es el caldo de cultivo para la vulneración de Derechos Humanos, sobre todo de las mujeres”, ha resumido.