La petición llega después de que el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del partido, Juan Bravo, denunciara la adjudicación de servicios considerados “sensibles, como los de las cámaras de Ceuta y Melilla
El Partido Popular ha intensificado su ofensiva contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez en torno a la contratación de empresas tecnológicas chinas. La formación que dirige Alberto Núñez Feijóo ha solicitado al Tribunal de Cuentas un informe de fiscalización que abarque todos los contratos del Gobierno con Huawei desde 2019.
La petición llega después de que el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, denunciara la adjudicación de servicios considerados “sensibles” a compañías como Huawei o Hikvision. Según ha subrayado, estos contratos afectan a ámbitos estratégicos que van desde la gestión de escuchas judiciales hasta la vigilancia de infraestructuras críticas como las cámaras que operan en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Llamada al Congreso de varios ministros
El PP no se ha limitado a pedir un examen contable. También reclama la comparecencia en el Congreso de los ministros José Manuel Albares (Asuntos Exteriores), Félix Bolaños (Presidencia), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa). La idea es que todos ellos expliquen el alcance de estos contratos y aclaren si se evaluaron riesgos para la seguridad nacional y la de los socios europeos y americanos.
Además, la formación quiere que comparezca el máximo responsable de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Hacienda, para detallar los criterios que se siguieron en las adjudicaciones.
Seguridad alimentaria como prioridad estratégica
En paralelo, el vicesecretario popular ha recordado que su partido ha registrado en el Senado una Proposición de Ley para declarar el sistema alimentario como ámbito estratégico para la economía española. El objetivo, según explica, es reforzar la protección a agricultores, ganaderos y pescadores en un contexto internacional marcado por la tensión comercial y el aumento de aranceles.
La iniciativa pretende garantizar el suministro y la seguridad alimentaria en momentos de crisis, además de dotar al sector de herramientas que aseguren su sostenibilidad y rentabilidad.
Críticas a Salvador Illa y al “infierno fiscal”
El dirigente popular también ha dirigido sus críticas al presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, acusándolo de utilizar debates como el del 'dumping' fiscal para “tapar” la cuestión de la financiación singular a partidos separatistas.
Bravo ha vinculado esta estrategia con lo que denomina un “infierno fiscal” que, asegura, sufre el conjunto de los españoles desde que Sánchez llegó a La Moncloa.
Según sus datos, si se compara 2024 con 2018, los contribuyentes han abonado 140.000 millones de euros más en impuestos y cotizaciones sociales. Solo en el primer semestre de este año, la cifra adicional ya alcanzaría 18.000 millones, y la proyección para final de ejercicio apunta a 170.000 millones más en 2025 respecto a 2018.
Para Bravo, este incremento supone menos poder adquisitivo, especialmente para las rentas medias y bajas, que enfrentan más dificultades para pagar la cesta de la compra o recibos básicos como luz, agua y gas.
Petición de rebaja fiscal
El PP plantea revertir esta situación con una reforma fiscal que incluya una bajada de impuestos. El argumento es que un alivio tributario permitiría a las familias recuperar capacidad de gasto y reactivar la economía.
Contexto de la polémica
La controversia por los contratos con Huawei y Hikvision se ha instalado en el debate político después de que varios países aliados, como Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, hayan vetado a estas empresas por sus supuestos vínculos con el Gobierno chino. El Parlamento Europeo también instó en 2021 a retirar sus equipos de instalaciones críticas.
El PP acusa a Sánchez de ignorar esas advertencias y de mantener a estas compañías en sectores clave de la seguridad y la gestión de datos en España. El Gobierno, por su parte, no se ha pronunciado aún sobre esta última solicitud de fiscalización.
La ofensiva popular combina así la batalla política por la seguridad nacional con un mensaje económico centrado en la fiscalidad y el apoyo al sector primario, buscando marcar agenda en dos frentes sensibles para la opinión pública.
