El PP se niega a que el interventor y el secretario de OBIMASA devuelvan lo cobrado irregularmente


El PP se niega a que el interventor y el secretario de OBIMASA devuelvan lo cobrado irregularmente

- Caballas vota en contra del proyecto de Presupuesto para 2012 propuesto por Martínez para la sociedad por consignar 190.000 euros para plantas ornamentales y por persistir en los pagos a los asesores

- El Gobierno sigue confiando en que el Tribunal de Cuentas le dé la razón con las retribuciones y ni Hurtado de Mendoza ni ningún otro alto cargo tengan que poner dinero de su bolsillo para restituirlas al erario público

Los representantes del primer grupo de la oposición, Caballas, en el Consejo de Administración de OBIMASA han votado esta semana "en contra" del proyecto de Presupuesto de esta sociedad municipal para 2012 presentado por el consejero de Medio Ambiente como presidente del mismo. Sus argumentos para rechazar la propuesta de Martínez han sido dos: primero, el empeño de los Populares en llevar hasta casi 200.000 euros el gasto previsto en ornato floral; el segundo, su negativa a promover que el interventor y el secretario del Consejo devuelvan las cantidades que, según el Tribunal de Cuentas (TCu) habrían percibido irregularmente en concepto de dietas durante una década al menos en el primer caso, más de 10.000 euros de los que se ha hecho responsable a la gerente, Carolina Hurtado.

Según han explicado los localistas a través de un comunicado de prensa este domingo, Caballas pidió al Consejo que se redujera el importe de la partida destinada a la compra de plantas ornamentales "por entender que no corresponde a los fines de esta sociedad, sino al departamento de Parques y Jardines del propio Ayuntamiento". "No sólo se ha desestimado esta solicitud por por los representantes del PP, sino que en ese mismo acto impulsaron una moción para incrementarlo en un 90%, quedando finalmente el desembolso previsto en 190.000 euros", han concretado. Caballas también solicitó la supresión de la partida destinada a retribuir al interventor y al secretario del Consejo, que a juicio de los de Ali "deberían realizar esta función de forma gratuita, ya que se actuación profesional coincidía con su jornada laboral en el ayuntamiento, por la que ya percibían una importante retribución". El PP tampoco apoyó esta propuesta, quedando desestimada.

Otra de propuesta de Caballas fue la reducción de la partida destinada a asesoramiento laboral, que se presentaba con un incremento del 20,9%, "no encontrando justificación los representantes de este grupo de la oposición para aprobar tal incremento, ya que el número de trabajadores permanece constante y no se han modificado las condiciones del contrato suscrito con la asesoría laboral".

Ante la negativa de los representantes del gobierno local a aceptar las modificaciones propuestas por Caballas, "tendentes a conseguir un ahorro presupuestario en la línea de austeridad que requiere la situación económica", los representantes de la coalición votaron en contra del proyecto de Presupuestos presentado, lo que no impidió su aprobación con los votos de los representantes del PP.

El PP, contrario a que interventor y secretario asuman sus cobros

Los representantes del Gobierno municipal también votaron en contra de la propuesta formulada por Caballas para que el interventor y el secretario devolvieran las cantidades percibidas indebidamente, según el criterio fijado por el Tribunal de Cuentas, a fin de aportar fundamentos al recurso formulado por la gerente de OBIMASA, Carolina Hurtado de Mendoza, a la que se ha hecho responsable contable por alcance del pago realizado en los meses en los que no se celebraron reuniones del Consejo.

El presidente del Consejo, Guillermo Martínez, se negó "en rotundo" a aceptar la propuesta de los localistas y sus compañeros de partido "impidieron que quien ha percibido indebidamente un retribución por no haber celebrado sesiones el órgano colegiado al que pertenecen, devolviese al erario municipal lo que no les correspondía". Hurtado de Mendoza abandonó la reunión del Consejo al ver el alineamiento de fuerzas establecido.

El Gobierno local mantiene recurrida la interpretación del TCu sobre los pagos mensuales de 300 y 600 euros que abona la Administración a los interventores y secretarios de los Consejos de Administración de sus sociedades municipales, retribuciones que el Tribunal ha considerado irregulares cuando se ejecutan en meses en los que no ha habido reunión de estos órganos. Caballas preguntará por este asunto, del que sólo se ha visto la punta del iceberg hasta ahora, en el Pleno del próximo lunes.

Los de Vivas esperan que el TCu acabe aceptando que los pagos han sido producto de "un malentendido". Si consolidase su primera lectura de los mismos y la extendiese a la figura del resto de afectados en todas las empresas públicas locales un buen número de consejeros y ex consejeros deberían asumir personalmente, como se ha exigido a Hurtado de Mendoza, la devolución de miles de euros.

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