El Ejecutivo de Vivas que sustenta el PP no está dispuesto a facilitar que lleguen al Pleno iniciativas o que cualquiera pueda formular preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno. Aceptará que se puedan someter a la consideración  de la Asamblea propuestas que se consideren “de interés general” pero solo siempre que lleguen “avaladas por la firma de, al menos, 1.000 ciudadanos empadronados en Ceuta” y se aporten fotocopias de los DNI de los firmantes y no cualquier interpelación.

El PSOE y Caballas han intentado rebajar en la Comisión encargada de la reforma del Reglamento de la Cámara rebajar ese listón, pero en la primera revisión de sus propuestas el Ejecutivo les ha dicho que no.

La formación que lidera Mohamed Ali propuso rebajar de mil a 500 los apoyos necesarios y los socialistas, que en lugar de fotocopias bastase con acompañar las rúbricas de los números de identificación. “Para un censo de 87.000 ciudadanos no parece que haya mucho obstáculo en reunir mil firmas y la justificación de aportar el DNI es un criterio garantista que aporta al procedimiento una total transparencia por parte de los proponentes”, ha respondido la Consejería competente.

Caballas también aboga porque el proponente disponga de media hora para exponer su iniciativa en vez de diez minutos pero el PP no está dispuesto a llegar a tanto, solo a “negociar un tiempo mayor” que no llegue a “triplicar” su propuesta. Tampoco acepta el Grupo Parlamentario Popular que se deje al proponente cerrar el debate, pues ha recordado que “la conclusión por el miembro del Consejo de Gobierno va en consonancia con la responsabilidad que tiene atribuida el Ejecutivo”.

Los de Manuel Hernández también pretendían meter en el Reglamento la posibilidad de que “cualquier persona física o jurídica” viese reconocido el derecho a “dirigir preguntas a la Mesa de la Asamblea a través del Registro General con el ruego de que sean formuladas a algún miembro del Consejo de Gobierno”. Una vez admitidas a trámite, “cualquier diputado” podría asumirla y formularla o, en caso contrario, que lo hiciese la Secretaría General directamente.

“Al parecer se pretende popularizar la Asamblea de Ceuta, lo que sin duda puede generar un colapso poco sostenible teniendo en cuenta el manejo que pueda realizarse por parte de los Grupos políticos del electorado”, recela el Ejecutivo de Vivas.

"Soberanía popular"

El Partido Popular tampoco va a aceptar incluir en el Reglamento de la Asamblea que no se pueda desempeñar la Presidencia de la Ciudad “durante más de dos mandatos sucesivos”, como aspiraba a recoger Ciudadanos (Cs) en línea con sus posiciones a nivel nacional. Para la Consejería competente tal limitación “no está regulada para nuestra Asamblea autonómica ni para la Presidencia del Gobierno de la Nación, por lo que limitar a dos legislaturas la Presidencia de la Ciudad es restringir las decisiones de la soberanía popular”. Solo voluntariamente algunos políticos como Aznar han renunciado a ocupar su cargo más de 8 años.

El PP de Ceuta está dispuesto a negociar la inclusión en el Reglamento de disposiciones sobre la suspensión de la condición de diputado cuando un miembro de la Corporación se vea envuelto en investigaciones judiciales, pero no con la redacción propuesta por Ciudadanos.

La formación naranja ha planteado que la suspensión se ejecute “cuando por auto judicial se adquiera la condición de acusado en un procedimiento penal por delitos de corrupción y en tanto no recaiga sentencia” pero el PP opina que “la condición de investigado es temporal y provisional y no quiebra el principio de presunción de inocencia, por lo que sería mucho más coherente que la suspensión se hiciera efectiva a partir de la apertura de juicio oral como acusado”.

Cs también ha sugerido que los diputados tengan “la consideración de autoridad” pero para el Gobierno ello tampoco es viable. “En el Congreso de los Diputados”, ha recordado en su contestación a esta propuesta, “son inviolables por las opiniones manifestadas e inmunes a su detención pero no son autoridad”.
Por otro lado, el PSOE ha planteado que cada Grupo pueda mandar un diputado a las Mesas de Contratación de la Ciudad y su sector periférico.  El PP no ve “oportuno politizarlas” al ser “un órgano estrictamente técnico”.