El Gobierno de la Ciudad ha dejado este jueves visto para Pleno el plan de reconversión denominado 'Por un futuro más estable y seguro para Ceuta', documento que han respaldado del PP, el PSOE y Vox. Caballas ha emitido el único voto en contra al entender que mezcla sin justificación posturas "políticas" e "ideológicas" con las de carácter estrictamente económico. El MDyC y los dos diputados no adscritos se han abstenido en la Comisión Informativa de Presidencia y Relaciones Institucionales que ha presidido Mabel Deu.

El documento pretende "ir más allá de convertirse en un catálogo de medidas paliativas para llegar a ser un cambio de paradigma de ciudad" y el vicepresidente Segundo, Carlos Rontomé, al que Vivas encomendó intentar formar consenso alrededor, "seguirá hablando" con Mohamed Ali sobre los reparos del localista, que a su vez se ha comprometido a presentar por escrito sus alegaciones principales.

El localista ha explicado que desde su punto de vista, aunque se haya matizado la posición original, "carece de sentido propugnar la eliminación de la excepción al Tratado de Schengen o la necesidad de modificar la Ley del Registro Civil cuando, supuestamente, se trata de un documento de naturaleza económica". "No nos negamos a hablar de nuestro modelo de ciudad desde un punto de vista político o ideológico, pero no se deben mezclar ambos planos", estima Ali.

La propuesta planteada tras incorporar medio centenar de propuestas de grupos de la oposición como el PSOE o el MDyC y de los agentes sociaes incide en que Ceuta atraviesa desde 2019 "una crisis económica causada por las decisiones que, en aquel momento, adoptó Marruecos: desde el cierre de la frontera para el paso de mercancías, tanto en el régimen de viajeros como para el denominado comercio atípico, hasta la imposición de trabas, dificultades y restricciones que han supuesto un efecto disuasorio para la llegada de turistas provenientes del país vecino".

Ese proceso culminó en marzo con el cierre total de la frontera ante la evolución de la pandemia causada por la COVID-19, que a la situación derivada de las dinámicas fronterizas ha añadido "la crisis sanitaria global, profundizando en la complicada coyuntura económica de la ciudad autónoma y haciendo, por tanto, más imprescindible la puesta en marcha del Plan". El Gobierno suma a escenario "la intensa presión migratoria que ha sufrido la ciudad desde 2019".

El vicepresidente segundo de la Ciudad, Carlos Rontomé ha expuesto un breve relato de las referidas circunstancias y ha insistido en que tras el primer impacto provocado por la enfermedad del coronavirus y el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación, el Ejecutivo autónomico volvió a activar las negociaciones con los diversos actores sociales, económicos y políticos para buscar el consenso necesario ante el reto al que se enfrenta Ceuta y la evidente profundidad del cambio que el citado Plan pretende introducir en la ciudad autónoma.

La principal novedad es que "también va a incluirse el compromiso de buscar otra ubicación para el proyecto de convertir el antiguo Hospital Militar en un centro sociosanitario de referencia". Tras el acuerdo suscrito con el Ministerio de Defensa, el pasado 24 de julio, para la concesión demanial del Hospital Militar, la Ciudad está trabajando en un proyecto para unificar en este mismo espacio, además de las dependencias que ya utiliza la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, a los servicios básicos esenciales (Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Policía Local, Parque Móvil y 1-1-2), con el objetivo de "mejorar la coordinación de dichos servicios y, al mismo tiempo, liberar las instalaciones en las que, en estos momentos, se ubican y que dadas las mayores exigencias actuales se han quedado obsoletas para el correcto desempeño de las funciones que estos servicios llevan a cabo".

Tal y como ya expusiera el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en la presentación, el pasado mes de febrero, de 'Por un futuro más estable y seguro para Ceuta', las actuales circunstancias a las que se enfrenta Ceuta conforman "un momento crítico y crucial que exige una reacción enérgica, decidida e inmediata". Una "situación límite que, no obstante, puede convertirse, desde la unidad, en una oportunidad para sentar las bases de un nuevo modelo económico más sólido, estable y seguro".

Con el objetivo de que sea un documento aprobado de manera unánime por la Asamblea, el texto ha sido revisado y adaptado teniendo en cuenta que algunas de las medidas ya están puestas en marcha, entre ellas la relativa a la modificación del artículo 70.2 de la Ley del IVA (reglas de localización), al objeto de incentivar la implantación de empresas digitales. Modificación que ya se contempla en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2021.