La Mesa de la Asamblea ha convocado un Pleno extraordinario que se celebrará el próximo lunes en la Asamblea con el fin de debatir una propuesta del Grupo Parlamentario Popular que pretende que la Corporación dé su “apoyo y respaldo incondicional” a Policía y Guardia Civil “en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y, especialmente, desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles”.

Igualmente aspira a que el Pleno “condene” el “acoso sistemático” al que sus miembros “están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia”.

Además, quiere que las instituciones españoles “utilicen con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las leyes”. También a “actuar, con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España”.

El PP plantea esta iniciativa después de que las cargas de las Fuerzas de Seguridad para acceder a lugares en los que se habían colocado el pasado domingo urnas en Cataluña y ante las peticiones al Gobierno de Rajoy para que suspenda su Autonomía. El Pleno presumiblemente coincidirá con la reunión del Parlament en la que se podría declarar una Declaración Unilateral de Independencia.

En su exposición de motivos, el Grupo Popular dice que el Gobierno de la Nación “se ha visto obligado” a adoptar “medidas” para “garantizar el cumplimiento de la Ley” y para “impedir la celebración del referéndum ilegal” de acuerdo con lo previsto en la legislación para “el mantenimiento del orden público”.

A su juicio las “explosiones de violencia” registradas “tienen que ver con los llamados delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático”.

Para los de Vivas la actuación policial vino derivada de una orden judicial y ha motivado “un acoso constante” sobre los agentes de Policía y Guardia Civil para “impedirles el legítimo ejercicio de sus funciones”. “Todos los ciudadanos han podido ver”, ejemplifica, “cómo les han insultado e incluso agredido, cómo han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado durante horas para bloquear sus salidas, cómo han informado a través de medios de comunicación de la Generalitat de sus movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma catalana con la finalidad de delatarles y señalarles”.

Así, para el PP “es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta, así como cualquier acción justificativa” porque “es injusto e intolerable que se les trate como enemigos cuando los guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos”.