La consejera de Hacienda del Ejecutivo local, Kissy Chandiramani, someterá este viernes a la consideración del Consejo de Gobierno la aprobación de las bases elaboradas por Procesa para repartir 13,8 millones de euros en ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y la reducción del endeudamiento privado.

El plazo de presentación de las solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación en el BOCCE de las bases y convocatoria, que se prevé para la próxima semana, y finalizará el 30 de septiembre, ya que no se podrán conceder ayudas con posterioridad al 31 de diciembre y, conforme al procedimiento de urgencia adoptado, hay un máximo de 3 meses para la tramitación de la solicitud.

Los beneficiarios deberán destinarlas a pagar deuda y a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a costes fijos devengados entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 que procedan de contratos anteriores a 13 de marzo de 2021 y se encuentren pendientes de abono. La ayuda a percibir siempre estará limitada por el importe de la deuda viva que se vaya a satisfacer con la misma.

La Consejería lleva meses negociando con el Ministerio la adaptación de los criterios establecidos inicialmente para determinar la condición de beneficiario y para el cálculo de las ayudas, ya que los escogidos para comparar la evolución en 2020 respecto a 2019 no eran aplicables a la ciudad, al estar referidos al volumen de operaciones determinado por el IVA.

Finalmente, a propuesta de las Consejerías de Hacienda de Ceuta y Melilla, el director general de la Agencia Tributaria, con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, accedió a tener en cuenta en las ciudades autónomas los ingresos íntegros de la actividad económica en el caso de contribuyentes del IRPF, y el importe neto de la cifra de negocios en el del Impuesto de Sociedades. La información que determine el carácter de beneficiario y la cuantía de la ayuda será proporcionada por el la Administración tributaria.

Las bases elaboradas por la Ciudad buscan "ampliar al máximo posible el número de beneficiarios y la cuantía de las ayudas". En caso de periodo de actividad inferior al año durante 2019 ó 2020, se establecen criterios de proporcionalidad y se aceptan bases imponibles negativas en 2019, atendida la situación derivada del cierre comercial adoptado por Marruecos en dicho año. También se amplían las actividades contempladas a todas las del CNAE-09 salvo las expresamente excluidas "en atención a la doble crisis derivada de la pandemia y la situación de la frontera".

Criterios y cuantías

Con carácter general, para ser beneficiario habrá que tener una caída de la actividad superior al 30% en 2020 respecto a 2019, salvo en el caso de empresarios o profesionales en régimen de estimación objetiva en el IRPF (módulos), que no tienen que justificar la caída, y tienen una ayuda máxima de 3.000 euros.

Para el resto (contribuyentes IRPF en estimación directa y contribuyentes del impuesto de sociedades), el cálculo de la ayuda es el siguiente: las empresas de hasta 10 trabajadores, el 40% de la caída de los ingresos que supere el 30%, con un mínimo de 4.000 y un máximo de 200.000 euros; las que tengan más plantilla, el 20% de la caída de los ingresos que supere el 30%, con un mínimo de 4.000 y un máximo de 200.000 euros.

Procesa se encargará de tramitan las ayudas a través de su sistema de gestión informática, igual que los programas del 'Ceuta Resiste', y la resolución sobre la concesión de las ayudas corresponderá a la consejera, Kissy Chandiramani.