El PSOE de Ceuta ha rechazado "frontalmente" este miércoles la propuesta del Gobierno central para "limitar el acceso de los inmigrantes que no hayan regularizado su situación a la Sanidad pública". Según los socialistas, "la propuesta ni siquiera es razonable, ya que estamos hablando de colectivos vulnerables que no pueden pagar una cuota para poder ser atendidos", según ha subrayado el secretario de Cooperación e Inmigración, Miguel Ángel Pérez Triano.

A través de un comunicado de prensa, el dirigente socialista ha advertido de que el planteamiento de los de Rajoy “es cuestionable incluso desde el punto de vista legal". "No sabemos cómo un organismo oficial va a firmar un convenio con una persona que está en situación irregular”, ha lamentado Pérez Triano, quien entiende que "desde el punto de vista médico, esta medida puede llevar a que enfermedades crónicas como la diabetes no queden suficientemente cubiertas”.

A juicio del PSOE ceutí, el Ministerio de Sanidad “está haciendo lo que ya advertíamos en campaña: acabar con la Sanidad universal y gratuita." "La Sanidad es objeto de discriminación, y esto traerá consecuencias muy negativas", ha augurado Pérez Triano sobre "un paso más en el desmantelamiento de los servicios públicos”.

"A pesar de que la inmensa mayoría de estas personas no tiene recursos para poder pagar, sorprende que la cantidad que se les exige está por encima de lo que se pagaría en un seguro privado, algo que no solo es injusto, sino también incoherente porque estamos hablando de personas con pocos recursos, que no van a poder pagar 700 euros al año”, ha ampliado el secretario socialista.

Para terminar, Pérez Triano ha pedido a los Populares "que sean más serios en este tema y no lancen argumentos populistas que rozan la xenofobia". "Las palabras de Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso, diciendo que España es el paraíso de la inmigración ilegal son muy preocupantes”, ha criticado.

El plan del Ministerio

El Ministerio de Sanidad planea crear, bajo el nombre de convenios especiales, una fórmula para que quienes no estén asegurados ni sean beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, como es el caso de los inmigrantes sin permiso de residencia, puedan volver a ser atendidas en el sistema público siempre y cuando lleven al menos un año empadronados en territorio español.

El método propuesto es que puedan suscribir unos convenios con pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados. Firmar estos convenios será voluntario pero no cubrirán el pago de las medicinas o el transporte sanitario, que correrían a cargo, por completo, de las personas que los suscriban.

La Orden que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy , que desarrolla el Real Decreto publicado a finales de abril que delimitaba el acceso a la Sanidad pública, establece que las personas menores de 65 años que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos deberán pagar 710,40 euros al año (59,20 mensuales). Desde los 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes).

A colectivos especiales, como las inmigrantes embarazadas —a las que la sanidad pública tiene que atender obligatoriamente durante su embarazo, parto y posparto— y los menores extranjeros, se les mantendrá el acceso en iguales condiciones que a los españoles (gratis), pero se les aplicará un copago farmacéutico del 40%.

- Lea el borrador de la Orden que prepara el Ministerio