Apenas dos días después de que el ya ex gerente de la empresa municipal Obimace, Gregorio García Castañeda, fuera cesado por el Consejo de Administración de la sociedad pública con el apoyo del PP, que aceptó la demanda de los socialistas, la polémica continúa y el PSOE insiste en presionar al Ejecutivo Local para dejarlo fuera de la gestión pública. Y es que el Gobierno no ocultó el viernes su intención de recolocarlo dentro del organigrama político del Ejecutivo como asesor, a pesar de haber reprobado de facto con el cese su actitud al acudir a increpar al presidente del Gobierno cuando vino a respaldar sin medias tintas la españolidad de la ciudad ante la crisis desatada por Marruecos el pasado 17 de mayo.

Así, el PSOE viene a insistir en su postura de que García Castañeda no es apto para la gestión pública. Y a través de un comunicado ha calificado este sábado “como poco seria y falta de rigor la actuación llevada a cabo por el Gobierno local en el caso del exgerente de la sociedad municipal Obimace, Gregorio García Castañeda, que tras ser cesado como gerente de la citada mercantil por el consejo de administración de la misma, el Ejecutivo, 'en una decisión a la que ya nos tiene acostumbrado, lo nombró el viernes como asesor delegado”, recoge el comunicado atribuyendo la última parte de la frase al propio secretario general de la formación, Manuel Hernández.

“El Gobierno del Partido Popular utiliza de nuevo el poder para buscarle un boquete a uno de los suyos, desoyendo, como ya viene siendo habitual, lo ordenado por la justicia”. Esta es una forma de proceder totalmente irresponsable y peligrosa, y que demuestra, una vez más, que los populares siguen mezclando lo institucional con lo orgánico a la hora de hacer nombramientos”, ha censurado Hernández.

Así a la aparente incongruencia de cesar a modo de reprobación a un cargo por su actuación para volverlo a nombrar casi al instante, los socialistas suman a la crítica la dudosa legalidad de los nombramientos de asesores, que de nuevo ha sentenciado otro tribunal como ilegal, aunque el Gobierno ya ha anunciado que volverá a llegar al Supremo.

“Los populares no tienen el más mínimo pudor a la hora de desobedecer las resoluciones judiciales emitidas por los tribunales para mantener a los suyos en sus puestos. Que la justicia dicta una sentencia que anula un cargo, para el Gobierno del PP no es problema, crea uno nuevo y a seguir manteniendo el buen sueldo. Los casos de los viceconsejeros, por citar un ejemplo”, ha precisado el secretario general de los socialistas.

El PSOE ha recordado que el nombramiento de García Castañeda como asesor delegado ha coincidido en el tiempo con la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) que decreta la nulidad de 23 nombramientos de personal eventual confirmados en 2018. El TSJA ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ceuta de mayo del pasado año que declaraba la nulidad de un acuerdo de 2018 del Consejo de Gobierno de la Ciudad que convalidaba de estos puestos de trabajo.