“Las debilidades anteriores llevan a que una parte elevada de la población se vea obligada a utilizar su vehículo privado con los consiguientes problemas de contaminación atmosférica”, recuerdan los socialistas, que abogan por “una política de transporte urbano socialmente eficiente y sectorialmente integradora, que garantice la libre circulación de las personas, la reducción de las desigualdades entre centro y periferia, la potenciación de la creación de un empleo estable, así como la protección del medioambiente”. Requisitos que, a su juicio, se lograrían con una empresa de titularidad pública, planificada y controlada por el Ayuntamiento, “cuyo único objetivo sea el beneficio de la ciudadanía, y no el lucro personal del prestador del servicio”.
- sábado 20 abril 2024