El PSOE trata de evitar que las viviendas públicas del centro sean para rentas de hasta 3.300 euros

PSOE de Ceuta ha presentado un total de 29 enmiendas al Plan de Vivienda del Gobierno local del Partido Popular con el objetivo de “corregir sus graves deficiencias y garantizar una política habitacional centrada en la igualdad, la cohesión social y el acceso real a la vivienda pública”. Así lo han manifestado este viernes, tras registrar oficialmente sus propuestas al texto de la Ordenanza de Actuaciones Protegidas de la Ciudad.

Para los socialistas, el documento aprobado por el Ejecutivo de Juan Vivas “llega con más de veinte años de retraso” y no responde a las verdaderas necesidades de la ciudadanía ceutí. Más aún, lo acusan de perpetuar una división social y territorial en la ciudad al concentrar las primeras promociones en el centro urbano y destinadas a rentas medias-altas, mientras que los colectivos con menores recursos quedan relegados a fases indefinidas en barrios periféricos como Hadú o el Príncipe Alfonso.

“Este plan no puede servir para consolidar una ciudad dividida entre vecinos de primera y de segunda”, han denunciado desde la formación. “Nuestras enmiendas corrigen un modelo elitista y aseguran que las viviendas públicas lleguen a quienes más lo necesitan”.

Críticas al modelo “discriminatorio” y “electoralista”

Una de las principales críticas del PSOE es la localización y diseño de las primeras actuaciones del plan: las 305 viviendas inicialmente previstas se ubican en el centro y están dirigidas a familias con ingresos de hasta 3.300 euros al mes. Mientras tanto, las rentas bajas deben esperar a desarrollos futuros, sin calendario claro, en zonas alejadas de los principales servicios públicos y centros de trabajo.

“Es una decisión claramente electoralista que reproduce la exclusión y margina a quienes más necesitan una vivienda digna”, argumentan los socialistas, que subrayan que Ceuta no puede permitirse políticas que alimenten la segregación urbana.

Enmiendas para un plan justo y cohesionado

Entre las 29 enmiendas presentadas por el PSOE figuran medidas orientadas a garantizar el acceso equitativo a la vivienda, aumentar la transparencia y evitar el uso fraudulento de los recursos públicos. Una de las propuestas clave es sustituir el IPREM como baremo económico por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el Ingreso Mínimo Vital, criterios más adaptados a la realidad socioeconómica de la ciudad.

Asimismo, los socialistas piden que al menos el 50% de las viviendas construidas anualmente se destinen a familias con rentas medias y bajas, y que el alquiler nunca supere el 25% de los ingresos del hogar. También solicitan que un 40% de las viviendas se reserven para hogares con ingresos iguales o inferiores a 1,6 SMI.

Otros aspectos destacados de las enmiendas son la ampliación del listado de colectivos prioritarios, incluyendo a mujeres víctimas de violencia de género, familias monoparentales, mayores con bajos ingresos, personas sin hogar, víctimas de trata, jóvenes extutelados o personas con discapacidad. Además, se propone blindar el uso de las viviendas públicas frente a la especulación turística o de temporada, prohibiendo expresamente estos usos en el texto normativo.

Observatorio de Vivienda y control contra el fraude

El PSOE también plantea la creación de un Observatorio Ceutí de Vivienda Social, que emitiría informes bienales al Pleno para garantizar un seguimiento riguroso de la situación habitacional de la ciudad. Esta herramienta permitiría además evaluar la eficacia de las políticas públicas y adaptar los recursos a las necesidades reales de la población.

Junto a ello, los socialistas proponen establecer un régimen sancionador específico para casos de fraude, como la falsificación documental, el subarriendo de viviendas, el uso turístico o la transmisión irregular de los inmuebles públicos.

Una propuesta en línea con la Ley estatal de Vivienda

El PSOE de Ceuta ha recordado que su propuesta se enmarca en el espíritu de la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de España, que reconoce la vivienda como un derecho básico y un bien de interés general. En este sentido, apuestan por un modelo que atienda de forma real y eficaz a los colectivos más vulnerables y que no convierta el acceso a la vivienda pública en un privilegio reservado a unos pocos.

“Ceuta necesita un Plan de Vivienda que promueva la igualdad, que reduzca la brecha social y que garantice que ninguna familia se quede atrás. Estas enmiendas son una oportunidad para construir una ciudad más justa y cohesionada”, concluyen desde el grupo socialista.

Ahora, será el Pleno de la Asamblea el que deberá debatir estas enmiendas y decidir si el Plan de Vivienda de Vivas se transforma en una verdadera herramienta de justicia social o si, por el contrario, mantiene su enfoque excluyente.