Rabea Mohamed asiste al Consejo Territorial de Servicios Sociales


Rabea Mohamed asiste al Consejo Territorial de Servicios Sociales

- Se ha acordado hasta 2017 la presentación de acreditación profesional de las personas que trabajan en los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

- El foro ha tratado un informe sobre la 'Estrategia Nacional Integral para personas sin hogar 2015-2020' con el objetivo de reducir su número "a medio y largo plazo"

La consejera de Asuntos Sociales e Igualdad, Rabea Mohamed, ha asistido este miércoles al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que ha tenido lugar en Madrid y que ha presidido el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso.

Uno de los asuntos que se ha abordado en este Consejo Territorial y que tiene también “una especial incidencia en Ceuta”, según el Ejecutivo de Vivas, ha sido la ampliación hasta 2017 de las acreditaciones profesionales para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia por parte de todas las personas que trabajan en instituciones públicas o privadas.

Esta ampliación del tiempo para presentar la acreditación se ha debido a “que algunas autonomías no habían avanzando mucho en todas las obligaciones derivadas del anterior acuerdo que se había adoptado”. Existirá también un convenio con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para incrementar a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) las labores formativas necesarias que permitan a los trabajadores de las instituciones públicas y privadas afectadas dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia obtener la mencionada acreditación.

Ello “no será impedimento para que la misma pueda lograr también a través de la experiencia profesional”. Relacionado también con la Dependencia, el ministro Alonso ha propuesto la creación de un grupo de trabajo que se encargará de analizar todos los aspectos de la aplicación de la Ley de Dependencia, que está a punto de cumplir sus primeros diez años de vida, a la vez que la financiación de la misma. El objetivo está en “comprobar cuáles son los aspectos que mejor han funcionado durante este período y aplicar los cambios en los apartados donde haya existido mayor dificultad de funcionamiento”.

Otro de los puntos incluidos en el orden del día ha sido la presentación de un Informe sobre la 'Estrategia Nacional Integral para personas sin hogar 2015-2020'. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística relativos a 2012, último año con cifras, en España hay unas 23.000 personas sin hogar que acuden a los centros repartidos por todo el territorio nacional. La Estrategia reconoce que existe fuentes dispares de información al respecto entre las CCAA y las principales ciudades españolas, si bien diferentes recuentas apuntan a que el número ha aumentado durante los últimos años. El documento que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las CCAA y el tercer sector han consensuado busca reducir la cifra, y se marca objetivos a medio y largo plazo.

Asimismo, diferentes informes sobre la cuestión indican que se han incrementado los número de personas sin hogar más jóvenes, que hay más mujeres y más personas mayores de 45 años; y que esta situación se hace crónica en muchos casos, aunque también apuntan a que sube el alojamiento en pisos y pensiones y baja ligeramente el uso de los centros destinados a ello. Asimismo, mejora el acceso a la sanidad de estas personas, su perfil se distancia de personas con adicciones a drogas o a alcohol y mejora considerablemente la valoración de los servicios a su alcance, en buena parte porque, como igualmente recalca la Estrategia, ha subido la inversión en asistencia. También apuntan los informes que se registran más delitos de odio. La Estrategia contiene medidas relacionadas con todos estos puntos.

Asimismo se ha tratado el proyecto 'Revisión de los sistemas de ingresos mínimos en España desde la perspectiva de su efectividad 2015-2017', que tendrá un coste de 251.000 euros y estará financiado en un 80% por la Comisión Europea.

El objetivo es “revisar los sistemas de garantías de ingresos mínimos para conocer el nivel de prestaciones que ofrecen todas las administraciones, las diferencias existentes, determinar su efectividad y mejorar el nivel de cobertura con una propuesta viable”. Ceuta forma parte del grupo de cooperación técnica de rentas mínimas.

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