El MDyC llevará al Pleno el elevado coste de un servicio obligatorio que sitúa a la ciudad muy por encima de la media nacional
Ceuta encabeza el ranking nacional de precios de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Así lo denuncia el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), que llevará esta cuestión al próximo Pleno de la Asamblea para exigir explicaciones al Ejecutivo sobre el elevado coste de un servicio obligatorio que, según la formación localista, castiga especialmente a los ceutíes frente al resto del territorio nacional.
Un servicio obligatorio con precios desproporcionados
El MDyC recuerdan que la ITV no es un servicio opcional, sino indispensable para garantizar la seguridad vial, lo que obliga a todos los propietarios de vehículos a asumir su coste. Precisamente por ese carácter obligatorio, la formación defiende que las tarifas deberían responder a criterios de proporcionalidad y equilibrio económico, algo que, a su juicio, no se está cumpliendo en Ceuta.
Actualmente, los conductores ceutíes pagan 54,32 euros por la inspección de vehículos de gasolina y eléctricos, 63,66 euros en el caso de los diésel y 30,62 euros por las motocicletas. Unas cifras que sitúan a la ciudad autónoma muy por encima de la media nacional y que la colocan en lo más alto del ranking de precios.
Comparativa con la media nacional
La diferencia resulta especialmente llamativa al comparar las tarifas ceutíes con las medias del conjunto del país. En el ámbito nacional, el precio medio de la ITV se sitúa en 43,75 euros para vehículos de gasolina, 50,71 euros para los diésel, 38,89 euros para los eléctricos y 27,88 euros para las motocicletas. En todos los casos, Ceuta supera con claridad esos importes, incluso en categorías como los vehículos eléctricos, donde el sobrecoste es especialmente acusado.
Para la formación, estos datos evidencian que los ceutíes son “los que más pagamos de todo el territorio nacional”, una situación que consideran difícilmente justificable.
Ceuta frente a Melilla y otros territorios extrapeninsulares
La formación localista subraya que la comparación resulta todavía más desfavorable si se atiende a otros territorios extrapeninsulares. En Melilla, la ciudad autónoma hermana, las tarifas son sensiblemente inferiores: 41,50 euros para vehículos de gasolina y diésel, 33,50 euros para los eléctricos y 27,00 euros para las motocicletas.
Asimismo, el MDyC destaca que territorios como Baleares y Canarias, pese a su condición extrapeninsular, mantienen precios de la ITV por debajo de la media nacional, lo que refuerza, a su juicio, la idea de que el elevado coste en Ceuta no responde a factores estructurales inevitables.
Un monopolio que se prolonga desde hace más de veinte años
La formación recuerda que ha llevado esta cuestión al Pleno de la Asamblea en numerosas ocasiones con el objetivo de acabar con el monopolio existente en la prestación del servicio. En este sentido, consideran “incomprensible” que los ceutíes sigan siendo los más perjudicados, especialmente cuando las tarifas son fijadas por una concesionaria que lleva operando en la ciudad desde hace más de dos décadas.
El MDyC cuestiona que el Ejecutivo permita mantener unos precios tan elevados en un servicio obligatorio y subrayan que, aunque las tarifas se hayan mantenido congeladas durante tres años, siguen siendo las más altas de todo el país.
Preguntas al Ejecutivo en la sesión de control
En la próxima sesión de control, el partido interpelará al Gobierno para conocer qué valoración hace de esta situación y por qué se permiten unas tarifas que consideran desproporcionadas. También preguntarán por los motivos que justifican las constantes prórrogas a la actual concesionaria, incluso adelantando dichas prórrogas dos años antes de la expiración de la concesión en vigor.
Para la formación, esta dinámica contribuye a perpetuar un modelo que penaliza a la ciudadanía y limita la posibilidad de introducir cambios que puedan traducirse en una reducción de precios.
¿Liberalización del servicio o continuidad del modelo actual?
Los de Fátima Hamed aseguran que quieren saber si la Administración local tiene intención de mantener indefinidamente la actual adjudicación o si ha estudiado la viabilidad de otras alternativas, como la liberalización del servicio. A su juicio, explorar nuevas fórmulas podría abrir la puerta a una mayor competencia y, con ello, a tarifas más ajustadas para los usuarios.
La formación advierte, además, de que si la situación no cambia, la próxima actualización de tarifas está prevista para 2028, lo que podría suponer nuevos incrementos en un servicio que ya se sitúa a la cabeza en el ranking de precios.
