Pedro Sánchez se ha convertido en el nuevo presidente del Gobierno de España y Andalucía Acoge espera que, "tal y como ha manifestado en sus últimas intervenciones, introduzca una visión más global e inclusiva en el ámbito de las migraciones, inexistente hasta el momento, y ofrezca respuestas de forma inminente a estas realidades".

En primer lugar, "una gestión humanitaria de las llegadas colectivas a la costa española, con especial atención a la situación de los menores no acompañados" porque "la Frontera Sur tiene que dejar de ser un lugar de vulneración de derechos humanos y constituirse como un espacio donde se favorezcan vías seguras y legales para el imprescindible y necesario tránsito de las personas migrantes"”. Este año se cumplen 30 años de muertes en la Frontera Sur y en este 2018 ya son más de 650 las personas que han perdido su vida en el Mediterráneo.

Por otra parte, se ve imprescindible "paralizar la construcción de los nuevos Centros de
Internamiento de Extranjeros (CIEs) y cerrar los existentes, dialogando con la ciudadanía y las entidades sociales. Estos centros son ineficaces y costosos, están fuera del respeto de los derechos humanos y su único fin es criminalizar y excluir a las personas migrantes".

"El nuevo presidente debe ser coherente con su programa electoral y olvidar los “experimentos” del Gobierno anterior cuya intención era poner en marcha centros de primera acogida y detención de personas migrantes, como el de Motril", ha destacado la federación, que también ha recordado al PSOE que en su programa se comprometió a derogar las "graves restricciones en el reconocimiento y garantía efectiva del derecho a la salud para las personas migrantes" que se introdujeron en 2012, así como la 'ley mordaza'.

A través de esta última se quiso "dar cobertura legal a las devoluciones sumarias de personas inmigrantes que se producen en las fronteras de Ceuta y Melilla, las conocidas como “devoluciones en caliente”. En octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió una sentencia condenando a España por las devoluciones en caliente ya que estas representan expulsiones colectivas prohibidas por la Convención Europea de Derechos Humanos.

La ilegalidad de esta práctica ha sido denunciada en repetidas ocasiones por la federación Andalucía Acoge por tratarse de "una gravísima vulneración de los derechos fundamentales". "Las devoluciones en caliente, las expulsiones colectivas y los abusos policiales en el contexto de vulneración estructural de derechos de las personas inmigrantes en la Frontera Sur son prácticas totalmente contrarias a los estándares mínimos internacionales de protección de los derechos humanos", ha repetido.

Para Andalucía Acoge el nuevo Ejecutivo debería exigir a la Unión Europea "que refuerce los fondos que destina a las migraciones en materia de inclusión social y convivencia y romper con la estrategia de criminalización de la solidaridad a la que estamos asistiendo con el endurecimiento de las políticas migratorias".