Si el texto entra en vigor sin cambios no podrá concederse prestación alguna cuando el solicitante o cualquier otro miembro de la unidad convivencial sean “propietarios o usufructuarios de bienes muebles o inmuebles que, por sus características, valoración, posibilidad de venta o cualquier forma de explotación indiquen, de forma notoria, la existencia de medios materiales suficientes” para atender las obligaciones de la familia. En concreto, se entenderá que los recursos económicos de la unidad de convivencia son suficientes “cuando sumados en su totalidad y descontada la renta a abonar del alquiler,resulte una cuantía que suponga el 60% de todos los ingresos”.

El coste del alquiler de la vivienda para la que se pidan ayudas no podrá superar los 600 euros mensuales y el solicitante deberá acreditar estar empadronado en Ceuta “de forma continuada” desde, con carácter general, al menos “una antelación de 3 años anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda”.

Se exigirá acreditar “una fuente regular, continuada y mensual de ingresos durante los últimos seis meses” que no supere el doble del IPREM en familias con entre 2 y 4 miembros  y “no tener derecho a la Renta Básica de Emancipación Juvenil ni al otorgamiento de ayudas al inquilino previstas por la Consejería de Fomento o cualquier otro organismo que otorgue ayudas con la misma finalidad”.

Ningún miembro de la unidad familiar podrá ser titular de un coche de uso particular cuyo valor actual supere la cantidad de 6.000 euros. La valoración patrimonial se realizará conforme a las tablas establecidas por el Ministerio de Hacienda y solo se exceptúa el supuesto de vehículos adaptados “si en la unidad convivencial hay algún miembro con movilidad reducida”.

Entre las causas de exclusión expresas se menciona haber sido beneficiario de una vivienda de protección oficial o similar, haber causado baja voluntaria en su trabajo (dentro de los doce meses anteriores a la solicitud y salvo supuestos de acoso laboral y/o sexual en trámite judicial), haber renunciado a un puesto de trabajo durante el año anterior o negarse  a realizar el programa de intervención social que, en su caso, se determine.

La cuantía de la prestación se fijará en función del cálculo que se efectúe sobre los ingresos ponderados de la unidad convivencial sin poder superar en ningún caso los 350 euros teniendo en cuenta el número de hijos menores y de miembros de la familia, si es monoparental, si incluye mayores de 65 años o víctimas de malos tratos...