Inmigracion

Torres recuerda a Madrid su “obligación legal” de acogida tras negar el traslado de 7 menores de desde Ceuta

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photo_camera Ángel Victor Torres presenta el balance del traslado de menores en Ceuta / M.R.

El ministro recalca que los traslados de menores cuentan con aval jurídico y deben ejecutarse

La situación migratoria en Ceuta vuelve a situarse en el centro del debate nacional tras la carta remitida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a la Comunidad de Madrid, en la que recuerda la “obligación legal” de acoger y tutelar a menores migrantes procedentes de territorios como la ciudad autónoma. El Gobierno subraya que el mecanismo de derivación continúa activo mientras persista la presión migratoria, que en el caso de Ceuta sigue superando ampliamente su capacidad de acogida.

Un mecanismo “plenamente vigente”

Torres responde así a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales madrileña, aclarando que el sistema de reubicación de menores establecido por el Real Decreto-ley 2/2025 “continúa plenamente vigente mientras se mantenga la situación de contingencia migratoria en territorios de llegada como Canarias, Ceuta y Melilla”.

El ministro explica que, aunque el hacinamiento ha disminuido gracias a este mecanismo, la contingencia no puede darse por finalizada mientras estos territorios soporten una presión que “triplica su capacidad ordinaria de acogida”. Por ello, recalca que el sistema de reubicación “debe seguir aplicándose”.

El caso de los menores de Ceuta

El ministro también hace referencia a un episodio reciente que afecta directamente a Ceuta. Según detalla, el pasado 26 de marzo tuvo que aplazarse temporalmente el traslado de siete menores procedentes de la ciudad autónoma tras una alegación de la Comunidad de Madrid que cuestionaba su ejecución.

Ante esta situación, la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Madrid concluyó en un decreto emitido el 27 de marzo que las resoluciones de traslado y reubicación son “actos administrativos válidos” y ejecutivos” y que no existían circunstancias que justificaran su suspensión.

Por este motivo, Torres recuerda a la Comunidad de Madrid que dichas reubicaciones “cuentan con respaldo jurídico” y deben ejecutarse conforme a lo establecido por la ley.

 

“Un hito histórico” ante la presión migratoria

El titular de Política Territorial defiende que este mecanismo supone “un hito histórico” que llevan reclamando las comunidades que más presión migratoria padecen”, al tiempo que pone en valor que se ha priorizado “el interés superior del menor”.

Asimismo, destaca la colaboración institucional de la mayoría de territorios durante los últimos meses, lo que ha permitido avanzar en “una respuesta solidaria ante una situación extraordinaria”. En este sentido, añade que el proceso se está desarrollando “con absoluta normalidad” y que, “al contrario de lo que auguraban algunos, se está llevando a cabo sin que se hayan producido alteraciones de la convivencia”.

Críticas a la postura de Madrid

En su carta, Torres recuerda que la Comunidad de Madrid está gobernada por la misma fuerza política que dirige Ceuta y Melilla y que cogobierna en Canarias, y afirma que “es el Gobierno de España quien más está apoyando a estas comunidades”.

Por ello, considera que “los compañeros de Díaz Ayuso que gobiernan en esos territorios en contingencia deberían exigir explicaciones a la Comunidad de Madrid sobre su negativa y por qué pone tantos impedimentos a un sistema que está permitiendo aliviar el hacinamiento y mejorar la vida de esos niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”.

Llamamiento al diálogo y a la cooperación

El ministro insiste en que todas estas actuaciones buscan garantizar “la seguridad jurídica de las administraciones implicadas” y, especialmente, “el pleno respeto a los Derechos Humanos y al principio del interés superior del menor”.

Finalmente, reitera su disposición al diálogo y a la cooperación institucional con todas las comunidades autónomas para asegurar “una respuesta eficaz, legal y centrada en la protección de los menores”.

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