El Tribunal de Cuentas ha requerido a la Ciudad Autónoma el expediente de la operación que le permitió comprar dos parcelas con la supuesta intención de urbanizar Plaza Nicaragua, cuyo Estudio de Detalle aprobó esta semana el Pleno con los únicos votos a favor del PP y las críticas de toda la oposición, que considera de forma unánime que la supresión de un solar destinado en el PGOU a la construcción de viviendas no es legal.

El consejero de Fomento, Néstor García, defendió la operación pero según el diputado autonómico Juan Luis Aróstegui el paso dado en el Pleno servirá de poco mientras el Gobierno no consiga salvar otro escollo que mantiene a la Ciudad Autóonma privada de la disponibilidad de los solares que compró.

Según el localista, “las parcelas adquiridas por la Ciudad están inscritas a su nombre ya pero con cargas porque sobre ellas pesa una hipoteca extendida que afecta también a otro solar cuya propiedad sigue siendo del anterior dueño, con lo que el registrador se niega a levantar las condiciones que impiden a la Administración acometer ninguna obra”.

“El Gobierno de Vivas”, ha señalado Aróstegui, “se ha planteado acometer también la adquisición de la referida parcela pero ha topado con los reparos de los técnicos para autorizar la compra de un solar sin más justificación que la de poder tener la disponibilidad de otro”.

Caballas sigue dudando de que, con la compra de los solares de Plaza Nicaragua, la Ciudad Autónoma no pagase en realidad por algo “sobre lo que ya tenía derechos” o lo que es lo mismo “que se haya pagado con dinero público algo que ya lo era”. Las parcelas registrales 36.249 y 36.251 fueron subastadas por Servicios Tributarios en la sustanciación del procedimiento de apremio seguido contra la empresa ‘Vista Mirador Dueñas’

En lo que siempre ha defendido como una operación brillante, la Ciudad accedió a la propiedad de ambas fincas, valoradas en 4,08 millones de euros, a cambio de 2,82 “ahorrándole a las arcas públicas más de 1,25 millones a lo que habría que añadir que ha realizado el cobro de deudas en vía ejecutiva por cerca de 0,8 millones de euros”. En el primer intento de registro y en contestación a la solicitud de inscripción de la Ciudad se recibió resolución del registrador acordando la suspensión de la misma por defectos “subsanables” consistentes en “la no acreditación de ciertos requisitos de adquisición de inmuebles por parte de las entidades locales”.