El comisario europeo de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía, el griego Dimitris Avramopoulos, asegura que la Comisión Europea “seguirá expresando a las autoridades marroquíes su grave preocupación por los sucesos de brutalidad policial contra los inmigrantes por medio del Jefe de la Delegación de la UE en Rabat y en las próximas reuniones bilaterales”.

Así lo afirma en su contestación, a cuyo contenido ha tenido acceso Ceutaldia.com, al eurodiputado vasco Josu Juaristi, del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, que le preguntó si la Comisión "es consciente" de "la conculcación sistemática de derechos humanos de los inmigrantes en Marruecos por parte de las autoridades marroquíes, lo que ha provocado ya varios muertos".

Según Avramopoulos, la Comisión ya ha planteado “varias veces” a las autoridades del país vecino su “preocupación” por “las vulneraciones de los derechos humanos de los migrantes” en el Reino alauita. Así se hizo, por ejemplo, con ocasión de la reunión del Consejo de Asociación UE-Marruecos, celebrada el 16 de diciembre pasado “y en la última reunión del Subcomité UE-Marruecos sobre democracia y derechos humanos, celebrada el 8 de octubre de 2014”.

El comisario ha negado, sin embargo, que la UE financie la colocación de concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla, como le preguntó el eurodiputado vasco si se está haciendo.

“La UE no financia actualmente equipamientos del Ministerio de Interior ni proyectos en materia de gestión de las fronteras”, ha asegurado en una contestación en la que ha precisado que “el proyecto ‘Sharaka’, por un importe de 5 millones de euros, tiene por objeto “mejorar los vínculos entre la migración y el desarrollo, la migración de los trabajadores y la reintegración de los marroquíes que regresen del extranjero”.

El del nuevo proyecto financiado por la UE con 10 millones, que se pondrá en marcha en 2015, será “apoyar a las autoridades marroquíes en la concesión a los migrantes regulares y a los refugiados en Marruecos de los mismos derechos y acceso a los servicios públicos que a los nacionales marroquíes”.