“Desde la UFP, queremos recordarle al Sr Delegado que la esclavitud fue abolida hace siglo y medio, que la falta de dinero para los servicios públicos y restricciones a la incorporación de nuevos efectivos proviene del saqueo de las arcas públicas por la corrupción política y el despilfarro autonómico y local. España es el país donde hay más políticos pagados por habitantes del mundo”, resumen.
Desde la UFP dicen haber “detectado una alarmante fuga de funcionarios de nuestra ciudad”. Según el sindicato, “a las imparables jubilaciones, hay que sumarle la multitud de funcionarios que solicitan el traslado voluntario a otras plantillas, además de la perdida de los que estando en servicio activo, deciden pasar voluntariamente a la segunda actividad ya que han dejado de ver nuestra ciudad como un destino atractivo y deciden marcharse antes de la edad de jubilación y se marchan como consecuencia de la persecución a la que llevan siendo sometidos por parte de la Agencia Tributaria”.
En octubre del año 2012, recuerdan, el Delegado del Gobierno en Ceuta, el desaparecido Francisco Antonio González, anunció “una persecución sobre varios colectivos de funcionarios de nuestra ciudad a los que acusaba de defraudadores”, “iniciándose una presión de la Agencia Tributaria sobre los funcionarios en torno a la permanencia en Ceuta durante un mínimo de 183 días, argumento totalmente falso, que no se ajusta a lo establecido en la Ley de I.R.P.F., atropellando derechos fundamentales del ciudadano, planteando dudas, muchas de ellas infundadas, sobre la residencia del contribuyente, basadas en meras conjeturas, que se saldan con cuantiosas sanciones, negando cualquier posibilidad de defensa del contribuyente, desechando pruebas que según la normativa existente demuestran con creces, la residencia habitual en Ceuta de los afectados”.
Un “abuso”, denuncian, que “ha sido fundamental en el éxodo masivo de funcionarios de nuestra ciudad”. “Funcionarios que en ningún caso vienen siendo repuestos ya que en los últimos años apenas han ofertado 2 plazas en el Concurso General de Méritos, número irrisorio y un completo despropósito , circunstancia que debería de preocupar verdaderamente al delegado del Gobierno y no los policías”.