La Comisión Ejecutiva de UGT ha dado luz verde a sus servicios jurídicos para interponer una querella criminal contra el presidente Juan Vivas por prevaricación y malversación de fondos públicos tras la sentencia judicial que anula la base de ejecución presupuestaria de 2017 en la que se establecía el cobro de la residencia para funcionarios de la Administración Local en el Gobierno y, sobre todo, tras los constantes desplantes a la Justicia del Gobierno de Vivas, que elude cumplir las sentencias judiciales.

Fuentes del sindicato explican que la medida se toma a la vista de la respuesta del Gobierno de Vivas a las sucesivas sentencias condenatorias, regateándolas sin acatarlas: cuando los tribunales le negaban la capacidad para nombrar viceconsejeros no electos, el Gobierno sorteó la condena nombrando directores generales a los cesados; y cuando anula a su vez también por sentencia el nombramiento de los directores generales, el Ejecutivo regatea a la Justicia y se saca de la manga un nueva terminología para el mismo puesto: asesores delegados. Una actitud, recuerdan las mismas fuentes sindicales, que ya el Tribunal Supremo calificó de “fraude de Ley”.

Así lo han confirmado a Ceuta al Día tanto el secretario general de UGT en Ceuta, Juan Carlos Pérez, y el abogado Ramón Lladó, quien llevara la causa interpuesta por Ciudadanos y que finalmente logró la sentencia que anula el cobro del plus de residencia de los funcionarios de la Administración Local en el Gobierno. Una sentencia que ponía el foco especialmente en el caso del presidente Vivas, retrotrayéndose en el tiempo hasta el año 2003 y no hasta 2013, como en el resto de los afectados. 

Ya lo avisaron en rueda de prensa el responsable del sindicato en la Ciudad, Antonio Ramírez y el abogado del sindicato, Ramón Lladó. La dirección provincial del sindicato en la Ciudad tomó nota y ahora, en base a esa información trabajan ya la vía penal por malversación de caudales públicos y prevaricación. Querella criminal que se suma a los recursos ya anunciados: por un lado de impugnación contra la base del Presupuesto General de la Ciudad que amparaba esos cobros del plus de residencia y por otro lado, el recurso de nulidad para los presupuestos de 2018 y 2019, de esa misma base.