El Gobierno llegará al Supremo para clarificar el estatus de Ceuta a caballo entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos a raíz de la sentencia que da la razón a UGT y que en la práctica conllevaría que el Gobierno no pudiera nombrar para ejercer cargos como directores generales, viceconsejeros y consejeros a personas que no hayan sido elegidas como diputados de la Asamblea, situación en la actualidad que afectaría a la titular de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramany y al de Educación y Cultura, Javier Celaya. Y el secretario general de UGT, Juan Carlos Pérez, considera esa decisión “lógica”. Pero le recuerda al Gobierno que en realidad no hay contradicción alguna sobre el fondo de la cuestión en ninguna de las sentencias que se han producido. Todas le han dado la razón a UGT sobre el fondo del asunto, la imposibilidad de nombrar para esos cargos a personas que no sean concejales del ayuntamiento que es lo que votan los ciudadanos, no diputados de una Asamblea Autonómica. Tan sólo, el sindicato había perdido al considerar en un principio la Justicia que no eran un actor legítimo para la demanda que plantearon. Situación que ha revertido la última sentencia.

“Ellos (el Gobierno de Vivas) defienden su postura, pero la sentencia es tajante en todos los aspectos. Nosotros estamos muy contentos desde la UGT porque esto nos legitima para defender los derechos colectivos de los trabajadores, que es para lo que está un sindicato. Este papel que nos da la Constitución Española no nos lo puede quitar un juez, ni nos lo puede quitar nadie. Nosotros salimos en defensa de los derechos colectivos de los trabajadores cuando un día se nombraron a personas como directores generales y vice consejeros gente que no era electa y gente que estaba usurpando funciones de los trabajadores”, ha recordado Pérez.

Y en el sindicato van más allá. No plantearán pleito alguno por Chandiramani y Celaya, porque entienden que ese papel les toca ahora a los partidos políticos de la oposición, pero avisan que ese papel debería pasar por plantear ante el Pleno de la Asamblea la corrección del reglamento con el que funciona la misma a la vista de lo que dice la Justicia, que de facto lo ha contradicho. El reglamento plantea que el Gobierno puede nombrar como consejero o viceconsejero a quien le dé la gana al presidente y los jueces han reducido el elenco a elegir a los concejales de la Asamblea.

En el sindicato, creen que en el fondo la estrategia de Vivas recurriendo al Supremo es ganar tiempo para acabar la legislatura sin tener que modificar su organigrama político. La sentencia que ha dado la razón a UGT ahora, atañe a la pasada legislatura cuando Adelaida Álvarez era viceconsejera. Una hipotética denuncia por los nombramientos de Chandiramani y Celaya seguramente acabaría con una sentencia en la próxima legislatura. Se vuelve a votar la composición de la Asamblea o el Pleno Municipal, según se mire, en mayo de 2019.

Aunque en el horizonte el Gobierno tiene a la vista otra sentencia que volverá a resolver sobre el mismo asunto, pero desde otro punto de vista. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC) de Fatima Hamed mantiene recurrido el reglamento de la Asamblea, precisamente por este mismo asunto, al entender que el Ejecutivo no es un Ejecutivo autonómico y si un ayuntamiento y por tanto no puede nombrar para puestos de consejeros o vice consejeros a personas no electas como concejales. Aunque visto lo visto, aunque los jueces vuelvan a pronunciarse en el mismo sentido, la última palabra sobre el asunto, seguramente la tenga el Supremo.